En un comunicado dirigido a la ciudadanía entrerriana, la entidad advierte que este nuevo esquema, lejos de reducir los costos como se argumenta oficialmente, podría favorecer un monopolio a través de un único proveedor designado por el propio Estado, además de incorporar un costoso servicio logístico externo también en manos de una sola empresa.
“Este sistema no elimina la intermediación, solo la concentra en un actor de mayor escala”, señala el texto. Según la asociación, estos mecanismos suelen ser promovidos por grandes compañías que diseñan los pliegos a su medida, imposibilitando la participación de las pequeñas y medianas empresas locales.
Desde el sector aseguran que actualmente compiten en condiciones de mercado abiertas, ofreciendo no solo precios sino también valor agregado a través de servicios de cercanía, logística, financiamiento y seguridad. Las droguerías entrerrianas emplean a más de 400 personas de manera directa y a unas 2000 de forma indirecta, además de generar tributos provinciales y municipales.
“Representamos un eslabón clave de la economía regional, y este proyecto amenaza nuestra subsistencia”, indicaron. Finalmente, la entidad pidió al Gobierno provincial que revise su postura, apueste por las economías regionales y priorice el diálogo, que —aseguran— hasta el momento no ha sido posible pese a los intentos de la Asociación.
AIM
