El Gobierno nacional autorizó un nuevo acuerdo de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 500 millones de dólares, destinado a fortalecer el sistema de atención a jubilados y pensionados. La aprobación se formalizó mediante el Decreto 764/2025, publicado en el Boletín Oficial, y contó con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. Sin embargo, la vigencia del contrato está condicionada a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del BID.
El decreto establece que el préstamo será utilizado para financiar el “Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, conocido como PAMI. Para la administración y seguimiento del acuerdo, se facultó al ministro de Economía y al secretario de Finanzas, o a los funcionarios que designen, a suscribir el contrato y la documentación complementaria en representación del país, siempre que el programa reciba la aprobación definitiva del banco internacional.
Asimismo, se otorgó la potestad para negociar y firmar eventuales modificaciones al contrato, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos, ni aumentos en el monto total ni alteraciones en el procedimiento arbitral acordado. El PAMI fue designado como organismo ejecutor del programa, asumiendo la responsabilidad de llevar adelante todas las operaciones y contrataciones necesarias para la implementación del préstamo, conforme a las normas y procedimientos establecidos en el contrato.
El objetivo del Estado nacional es canalizar recursos internacionales para reforzar la estructura y los servicios destinados a los adultos mayores, en un contexto que demanda financiamiento externo y el fortalecimiento de la red de protección social. Antes de la aprobación, la operación fue analizada por diversas áreas del Estado, incluyendo el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que concluyó que el impacto será limitado y coherente con la dinámica prevista para las operaciones externas, habilitando así la negociación con el BID.
Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía, no presentó objeciones y destacó que el costo financiero del préstamo es inferior al que podría obtener el país en el mercado. El financiamiento apunta a transformar las políticas de salud pública en Argentina, optimizando la atención integral de enfermedades crónicas y ampliando el acceso a tratamientos oncológicos. Además, contempla la extensión de la cobertura de servicios de cuidado para personas con dependencia funcional, apoyándose en la sistematización avanzada de la información generada por los sistemas institucionales para fortalecer la gestión pública.
Entre los objetivos centrales del programa se encuentran el aumento de la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedad renal, así como la reducción de los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas relacionadas con cáncer de mama y colon. El PAMI, en su informe técnico, destacó que el préstamo permitirá mejorar el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional, contribuyendo a un modelo integral de atención para la población beneficiaria.
En cuanto a los términos financieros, el préstamo aprobado por el BID tiene un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés ajustada sobre el índice SOFR.
Infobae
