La Justicia española decidió procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La investigación se centra en su participación en proyectos académicos y en sus relaciones con empresarios, especialmente vinculados a la Universidad Complutense de Madrid, donde Gómez desempeñó tareas académicas.
El juez Juan Carlos Peinado dio por finalizada la etapa de instrucción y dejó a Gómez a un paso de enfrentar un juicio oral. Sin embargo, descartó el delito de intrusismo profesional por falta de pruebas suficientes, señalando que no existían indicios sólidos ni plurales para sostener esa acusación. En la causa también están procesados Cristina Álvarez, asesora de Gómez en el Palacio de Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La investigación se originó en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y se fue ampliando conforme avanzó la pesquisa judicial. Según la resolución, se indaga un posible uso indebido de la posición de Gómez para influir en decisiones administrativas y favorecer iniciativas relacionadas con la Universidad Complutense, además de la eventual obtención de beneficios privados derivados de esas actividades.
La decisión judicial generó una fuerte reacción política en España. Desde el Gobierno expresaron su “indignación” ante el procesamiento y cuestionaron el accionar del juez, mientras que sectores de la oposición calificaron la medida como un hecho de extrema gravedad institucional. Este caso representa uno de los mayores desafíos políticos para la gestión de Pedro Sánchez, ya que involucra a su entorno más cercano y podría tener un desarrollo judicial complejo en los próximos meses, dependiendo de apelaciones y de la evolución del proceso.
