En Argentina, desde la llegada de Javier Milei al gobierno, se produjo una liberación del mercado de combustibles que implicó que el Estado dejara de controlar y aprobar los precios. Este cambio de paradigma afecta a toda la economía, ya que el aumento en el costo del combustible repercute en diversas cadenas productivas y sectores, encareciendo numerosos productos y servicios que dependen del transporte y la energía.
Antes de esta modificación, el Estado tenía la responsabilidad de supervisar y evaluar si los pedidos de aumento por parte de las petroleras estaban justificados, para luego aprobar o rechazar esos incrementos. Esto permitía cierto control sobre el impacto que los precios tenían en el bolsillo de los consumidores. Actualmente, las empresas petroleras tienen la facultad de fijar los precios sin necesidad de pasar por un proceso de aprobación estatal, lo que ha generado un sistema de ajustes más dinámico y menos regulado.
Este nuevo mecanismo se conoce como micropricing. Se trata de un sistema que busca diluir la percepción de aumentos abruptos al realizar pequeños ajustes frecuentes en los precios, pero que no evita que, con el tiempo, el costo final para el consumidor sea mayor. En otras palabras, aunque los incrementos sean mínimos y constantes, su acumulación termina afectando el presupuesto familiar.
El micropricing fue implementado inicialmente por YPF y consiste en un sistema dinámico que ajusta los precios del combustible en tiempo real. Estos ajustes se basan en factores como la demanda, la hora del día, la ubicación geográfica y la competencia en la zona. En lugar de aplicar aumentos uniformes a nivel nacional, los precios varían localmente e incluso diariamente. Esta modalidad busca ofrecer oportunidades de ahorro, por ejemplo, durante horarios nocturnos o mediante la modalidad de autodespacho, que puede ofrecer descuentos de hasta un 8%. Sin embargo, esta dinámica genera cambios frecuentes que pueden causar confusión entre los consumidores.
