Ilarraz entró a trabajar en el Seminario ubicado en calle Don Bosco y Circunvalación de Paraná hacia el año 1984. Con el paso del tiempo fue ganando la confianza del entonces rector Eduardo Jacob y acaparando cada vez más funciones y responsabilidades. Llegó a ejercer como docente, prefecto de disciplina, confesor, director espiritual y administrador de la casa de estudios religiosos.
Este poder, según interpretó la jueza que lo juzgó y condenó, Alicia Vivian, lo ubicó en una posición de “dominación” sobre los menores que estudiaban para ser curas. La casi omnipresencia de Ilarraz en la rutina diaria de los niños y adolescentes le permitía cimentar una “confianza perversa”, al decir de la magistrada, y diseñar situaciones para cometer los abusos.
Según los testimonios de las siete víctimas denunciantes de Ilarraz ante la Justicia penal entrerriana (se estima que hubo más de 20, pero la mayoría no se sumó a la causa), el ahora ex sacerdote cometió las violaciones entre 1988 y 1992.
El expediente que concluyó con su condena incluye decenas de ocasiones de abuso en distintos lugares dentro y fuera del Seminario: en la propia habitación de Ilarraz, en el pasillo que unía su despacho con la habitación, en las camas de los seminaristas del pabellón donde dormían, en el baño de ese mismo lugar, en un departamento de Paraná del que se desconoce domicilio y hasta en una carpa de un campamento en un convento de monjas de la ciudad de Córdoba.
Según declaraban las víctimas en el juicio, antes, durante o después de abusarlos, Ilarraz intentaba normalizar las violaciones y les pedía que guarden el secreto. “Lo que pasaba entre ellos era normal, eran cosas de amigos, que entre amigos no había nada malo en demostrarse afecto y que besarse en la boca era una muestra de una amistad profunda”, recordaba uno de los declarantes. Los abusados tenían entre 12 y 15 años.
Las violaciones del cura se terminaron en 1992 cuando algunas víctimas contaron fuera del Seminario lo que les hacía. Uno de los adolescentes se lo informó al propio arzobispo de entonces en Paraná, Estanislao Esteban Karlic. También lo supo el entonces rector del Seminario y actual Arzobispo de la Diócesis, Juan Alberto Puiggari.
La reacción de Karlic cumplió el manual que durante décadas aplicó la Iglesia en todo el mundo ante casos similares: trasladar al abusador a otro lugar, intentar que las víctimas no denuncien ante la Justicia civil y, en algunos casos, abrir investigaciones al interior de la curia.
Así fue con Ilarraz. La primera medida adoptada por Karlic fue prohibirle contacto con los seminaristas y mandarlo a Roma para estudiar una Licenciatura en Misionología entre 1993 y 1995. Mientras, Monseñor dio comienzo a un “juicio diocesano” en Paraná. La “investigación canónica” se llevó adelante bajo estricta reserva en el ámbito del arzobispado local. Según definieron las querellas en el juicio en los Tribunales de Paraná, aquel proceso interno se hizo “para parodiar una supuesta contención a las víctimas, a la vez que mantenía sus denuncias y los hechos- en el más absoluto secreto”.
Los testigos declaraban bajo juramento de “decir verdad y guardar secreto”.
La estadía de Ilarraz en Roma se extendió hasta 1996. Karlic no quería que el abusador regrese a la capital entrerriana mientras aún transcurría la “investigación canónica”. Según trascendió en el juicio terrenal en los Tribunales paranaenses, durante el proceso interno eclesiástico Ilarraz habría confesado por escrito por sus abusos.
A su regreso, Karlic resolvió removerlo de la Arquidiócesis de Paraná y enviarlo a “transcurrir en oración y meditación durante un mes en una casa religiosa”.
No se le impidió a Ilarraz que continuara ejerciendo el sacerdocio.
El siguiente destino que se conoce del cura violador fue la pequeña localidad de Monteros, Tucumán, donde ofició misas durante años. Allí lo encontró la publicación de la revista Análisis de 2012 que reveló ante la ciudadanía los abusos que habían ocurrido más de 20 años en el Seminario de Paraná. El escándalo empujó a Ilarraz a mudarse a la capital tucumana, donde se recluyó en la casa de un familiar para evitar el escarnio público.
Allí también transcurrió los años siguientes mientras avanzaba la investigación de la Justicia entrerriana, hasta que se sustanció el juicio en Paraná y debió comparecer en los Tribunales. Finalmente, el 21 de mayo de 2018, el Tribunal de la Cámara del Crimen lo condenó.
Los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel lo encontraron autor material y responsable de los delitos de promoción a la corrupción de menores agravado por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación, condenándolo a la pena de veinticinco años de prisión de cumplimiento efectivo y lo penaron con 25 años de prisión efectiva. Ilarraz tenía 65 años.
Hasta que la sentencia quedara firme, el Tribunal le concedió el beneficio de cumplir la pena en modalidad domiciliaria. Desde entonces, el cura violador reside en un departamento de un edificio de calle Corrientes de Paraná, con tobillera electrónica, en el último paraje que se le conoce.
Mientras, la causa atravesó diversas instancias de apelaciones y confirmaciones y hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
