En medio de una serie de reformulaciones de impuestos que se plantean en la provincia de Entre Ríos, por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio para el período 2025, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas local manifestó su oposición al cobro de adicionales de tasas de forma retroactiva. La iniciativa genera controversia, ya que los contribuyentes abonaron estos tributos en 2024 sin que existiera una norma que respaldara su aplicación.
A través de un comunicado, el organismo se expresó contra las reformas al Código Fiscal contempladas en el artículo 27° del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo local. El proyecto, contenido en el Expediente N° 27856 30700 M.E., aún no ha sido sancionado por la Legislatura provincial.
Específicamente, el artículo 27° propone ratificar la vigencia de artículos del Código Fiscal establecidos por la Ley N° 10.270, que incorporó en 2013 un recargo de entre el 20% y el 30% sobre los impuestos inmobiliario y automotor, identificado en las boletas de ATER bajo el concepto de “Fondo de Seguridad Social Ley 10.270/Ley 10.403”.
Inicialmente, este adicional tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, pero sucesivas leyes de presupuesto lo prorrogaron hasta 2023. No obstante, en 2024 el gobierno provincial continuó aplicando el cobro del adicional sin una ley vigente que lo autorizara. Ahora, la iniciativa busca regularizar esta situación estableciendo la validez del cobro para los ejercicios fiscales de 2024 y 2025.
El punto más cuestionado radica en la posible retroactividad de la medida, ya que afectaría a los contribuyentes que abonaron el tributo durante el último año sin un sustento normativo claro. Según especialistas en derecho tributario, esto podría entrar en conflicto con el principio constitucional de legalidad, que establece que no puede haber tributo sin una ley previa que lo determine.
En ese marco, rechazaron el cobro adicional de impuestos inmobiliarios y automotores. “Al no haberse aprobado y sancionado antes de esa fecha durante el año 2025 ya no es posible legislar en forma retroactiva para el ejercicio 2024, razón por la cual entendemos deberá modificarse el artículo 27 del proyecto”, planteó el Consejo. Asimismo, anticiparon sugerir un esquema de exenciones a cooperativas y mutuales que beneficiarían a estos sectores.
Régimen impositivo en Entre Ríos
En el ámbito legislativo, el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados local en 2024 y actualmente está en tratamiento en el Senado provincial. La posibilidad de que se apruebe genera preocupación entre sectores empresariales y ciudadanos, quienes podrían solicitar la devolución o compensación de los montos abonados en caso de que se confirme la falta de respaldo legal.
Desde el gobierno provincial argumentan que la ratificación de la medida es necesaria para garantizar recursos destinados al financiamiento del Fondo de Seguridad Social. Sin embargo, la oposición y especialistas advierten que la sanción de esta norma podría enfrentar impugnaciones judiciales y abrir un debate sobre la seguridad jurídica en la administración tributaria de la provincia.
El Senado deberá definir en las próximas semanas el futuro de este proyecto, en un contexto de creciente debate sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones fiscales del gobierno entrerriano.
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