Según Frank, esta problemática se agrava por la diferencia en los tiempos de pago entre los docentes cuyos cargos reciben subsidio estatal, quienes cobran en la misma fecha que los docentes de escuelas públicas, y aquellos compañeros que no están subsidiados, lo cual genera una situación compleja. La secretaria general advirtió sobre una nueva resolución del Tribunal de Cuentas y del Consejo General de Educación que sanciona a los empleadores que no rindan adecuadamente los aportes recibidos, pudiendo resultar en la suspensión de los aportes provinciales.
Frank también mencionó que no todas las escuelas cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con las rendiciones en tiempo y forma, recordando casos del año pasado en los que docentes no recibieron sus salarios debido a la falta de rendición de aportes por parte de los empleadores. En este sentido, el sindicato busca que las sanciones recaigan en los empleadores, no en los docentes.
La resolución Nº 332 del Tribunal de Cuentas establece que los apoderados o representantes de instituciones educativas privadas deben rendir cuentas de los aportes recibidos del Consejo General de Educación, y en caso de incumplimiento, podrían ser sancionados. Por su parte, la resolución Nº 3.486 del Consejo de Educación dicta los plazos para la rendición de cuentas de los aportes recibidos y prevé sanciones en caso de falta de rendición. Francisco Grimson, director de Educación Privada del Consejo, expresó su inquietud ante la falta de rendición de cuentas y las posibles consecuencias para las escuelas privadas.
En resumen, la problemática radica en la complejidad de los procesos administrativos y la necesidad de concientizar tanto a empleadores como a docentes sobre la importancia de la rendición de cuentas para garantizar un pago oportuno y equitativo de los salarios.
