Después del operativo policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, la organización narcotraficante más antigua de Brasil, vecinos de las favelas trasladaron al menos 50 cuerpos a una plaza del barrio Penha, donde familiares comenzaron a identificarlos. Este operativo dejó un saldo oficial de 64 muertos, entre ellos cuatro policías, pero aún no se ha confirmado si los cuerpos trasladados están incluidos en esa cifra.
El activista Raull Santiago, en diálogo con Folha de S. Paulo, calificó la escena como “digna de una historia de terror” y aseguró que los cuerpos encontrados en los morros y llevados a la plaza no están contabilizados en el recuento oficial. La recuperación de los cadáveres fue realizada por habitantes de los complejos de favelas de Alemão y Penha, sin la asistencia de las autoridades. Los cuerpos, todos masculinos, quedaron tendidos en el suelo, visibles para vecinos y periodistas.
La operación de rescate estuvo liderada principalmente por mujeres que buscaban a sus compañeros, hermanos o hijos. La diputada Renata Souza compartió en sus redes sociales imágenes de los cuerpos cubiertos con telas en la acera y de los vecinos que acudieron a identificarlos. En su publicación en X, escribió: “¡Sanguinario! Esta foto fue tomada a las tres de la madrugada en el complejo de Alemão. Ya son más de 70 cuerpos y el conteo solo aumenta”.
Souza agregó que “lo que vemos no es una política de seguridad pública, sino un proyecto de barbarie que deshumaniza y extermina a los habitantes de las favelas y periferias. Es vergonzoso que se utilice la necropolítica como plataforma electoral”. Además, cuestionó al gobernador Claudio Castro, aliado de Jair Bolsonaro, preguntando: “Tras la masacre más mortífera de la historia, ¿acaso Río de Janeiro amaneció más segura, Cláudio Castro?”.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó una reunión de urgencia el martes por la noche para analizar el operativo policial que dejó 64 muertos tras enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y miembros del Comando Vermelho. El encuentro se realizó en el Palacio de Planalto, en Brasilia, con la participación de altos funcionarios del Ejecutivo. La operación, denominada “Contención”, contó con aproximadamente 2.500 efectivos y derivó en un enfrentamiento casi sin precedentes.
Durante los allanamientos fueron detenidos Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, uno de los líderes regionales de la banda, y Nicolas Fernandes Soares, operador financiero de Edgar Alves de Andrade, uno de los jefes del grupo. Se espera que al finalizar la reunión en Planalto, el gobierno envíe una comitiva a Río de Janeiro para reunirse con el gobernador Claudio Castro, quien criticó la administración de Lula y afirmó que “Río estaba solo durante el operativo”.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó sentirse “horrorizada” por la macro operación policial en Río de Janeiro. En su cuenta oficial de X, la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk recordó a las autoridades sus obligaciones bajo el derecho internacional y urgió a que se realicen investigaciones rápidas y efectivas sobre las muertes. La ONU señaló que esta masacre “sigue una tendencia de violentas operaciones policiales contra comunidades marginales de Brasil”.
