Daniel Rossi, en su condición de intendente de Santa Elena y ex vicegobernador de la provincia, solicitó la apertura del procedimiento de Jury contra Diego Lara, María de los Ángeles Moia y Gustavo Labriola, presidente y vocales del Tribunal de Cuentas, respectivamente. Les atribuye una aludida inacción ante serias denuncias de las que, destacó, algunas alcanzaron repercusión internacional.
Daniel Rossi, como intendente de Santa Elena y ex voice gobernador de la provincia, presentó pedidos de apertura del Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE) contra el presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Diego Lara; y los vocales del mismo organismo, María de los ángeles Moia y Gustavo Labriola.
Rossi, tras concluir en su denuncia que el Tribunal de Cuentas es “Inoperante y Cómplice”, añadió que “estos hechos demuestran que el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, ha sido un engranaje clave en el esquema de corrupción provincial. Su inacción deliberada ha permitido el saqueo de fondos públicos, el direccionamiento de contratos y el encubrimiento de maniobras ilegales”.
Ssotuvo que “a lo largo de 20 años, la provincia ha sufrido un perjuicio económico incalculable debido a la falta de controles efectivos, consolidando un sistema donde los recursos estatales han sido utilizados con fines privados y políticos sin que existiera sanción alguna”.
Uno por uno
En el “objeto de la denuncia” contra Lara, Rossi sostuvo que “este Honorable Jurado de Enjuiciamiento disponga la apertura del procedimiento de remoción del denunciado, ordenando su suspensión y oportunamente su destitución, en mérito a los hechos y fundamentos de derecho que seguidamente expongo”.
Rossi destacó que “aún ni en los escandalosos casos de corrupción de repercusión internacional algunos, no hay evidencia de un serio informe del TC que haya ejercido con responsabilidad su función. Por lo que este Honorable Tribunal, que tiene naturaleza mixta, jurídico política debe evaluar además la idoneidad de los funcionarios que no han podido controlar las cuentas saqueadas”.
Respecto de Moia, pidió “la apertura del procedimiento de remoción de la denunciada, ordenando su suspensión y oportunamente su destitución, en a los hechos y fundamentos de derecho que seguidamente expongo”. Añadió que “no hay evidencia de que el TC, y en particular la vocal María de los Ángeles Moia, haya emitido informes serios y efectivos que den cuenta de un control real de los fondos públicos. Su papel en la inacción del organismo ha permitido que el saqueo de las arcas públicas se perpetúe sin sanción alguna”.
También sostuvo que el HJE debe “evaluar no solo el mal desempeño de la denunciada, sino también su falta de idoneidad para ejercer la función de control, al no haber podido evitar el desvío y la malversación de fondos públicos. La falta de auditorías efectivas y la omisión reiterada en la rendición de cuentas la hacen responsables de una gestión ineficiente, negligente y permisiva frente a la corrupción”.
Acerca de Labriola, Rossi, tras señalar los motivos del pedido de aperuta del proceso, solicitó que se ordene su “suspensión y oportunamente su destitución, en base a los hechos y fundamentos de derecho que seguidamente expongo”. Entendió, al igual que en los casos anteriores, que “no hay evidencia de que el Tribunal de Cuentas, y en particular el vocal Labriola, haya emitido informes serios y efectivos que den cuenta de un control real de los fondos públicos. Su papel en la inacción del organismo ha permitido que el saqueo de las arcas públicas se perpetúe sin sanción alguna”.
Recusaciones
Rossi recursó a los integrantes del HJE Gonzalo García Garro, Meca Domínguez y Rafael Cavagna por razones de imparcialidad y evidente conflicto de interés, en virtud de su relación con el denunciado y las decisiones adoptadas en beneficio del mismo. Conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial y el Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas, los magistrados y fiscales pueden ser recusados cuando existan vínculos que afecten la objetividad del proceso.
Hechos
Rossi destacó que “durante las últimas dos décadas, la provincia de Entre Ríos ha sido escenario de múltiples hechos de corrupción que han involucrado a funcionarios de distintos niveles, generando un perjuicio económico millonario para el erario público. La falta de fiscalización efectiva por parte del Tribunal de Cuentas ha facilitado la consolidación de un esquema fraudulento basado en el desvío sistemático de fondos, licitaciones direccionadas, contrataciones irregulares y omisiones deliberadas en el control de organismos clave”.
El denunciante detalló “los casos más graves que reflejan la inacción del Tribunal de Cuentas y su rol en la cobertura de estos fraudes”. Así, enumeró “Corrupción en Iosper – El Robo de los Gremialistas”; “Enersa – La Causa Securitas y Años de Robo Encubierto”; “Contratos Truchos en la Legislatura – 1.000 Contratos en Dos Estudios Jurídicos”; “Escándalo en Vialidad – Licitaciones Fraudulentas y Falta de Auditorías”.