El pasado 22 de mayo, el Boletín Oficial del Municipio de Concordia publicó la Ordenanza N.º 38.593, impulsada por las concejalas oficialistas Eliana Lagraña y Verónica del Boca (JxER), que establece la creación de la Unidad Administradora de Establecimientos Deportivos Municipales. Este nuevo organismo tendrá a su cargo la gestión, mantenimiento y regulación de los principales espacios deportivos de la ciudad, entre ellos el Estadio “Ciudad de Concordia”, que ha estado en el centro de la polémica desde su inauguración en diciembre de 2023.
La medida se oficializa justo un año después de que DIARIOJUNIO publicara un informe que exponía el uso irregular del estadio, que era alquilado sin convenios ni ordenanzas vigentes, generando ingresos que no eran rendidos oficialmente.
La publicación de la ordenanza coincide además con una reciente solicitud del ex futbolista profesional Nahuel Benítez, presidente y fundador del club Real Concordia, quien pidió una auditoría para conocer el destino de los fondos recaudados y evaluar la actuación del funcionario a cargo del estadio.
La flamante unidad dependerá de la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Deportes, y tendrá competencia directa sobre el Polideportivo Municipal, el Gimnasio ubicado en calles San Juan y Corrientes, la Clínica del Deportista de calle Paraná. En la ordenanza se detalla que polideportivo incluye: «…el Estadio Ciudad de Concordia, la pista de atletismo, el Velódromo, la cancha de Hockey, el albergue municipal “Roque Vilche”, y los
espacios verdes.
La ordenanza llega casi un año después de que DIARIOJUNIO revelara —en julio de 2024— que el Estadio Municipal se encontraba en un limbo administrativo, funcionando sin ordenanza habilitante, sin presupuesto ni mecanismos formales de recaudación y sin una estructura clara de control. En aquel entonces, la propia subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, y el jefe del Departamento Administrativo, César “Patita” Denis, reconocían públicamente una situación de vulnerabilidad legal y organizativa.
El informe periodístico de 2024 señalaba que no había regulación alguna sobre el uso del estadio, ni trazabilidad financiera sobre los fondos recaudados por las cantinas, el alquiler de la cancha o la venta de entradas durante los encuentros organizados por la Liga Concordiense de Fútbol. También se advertía que no existían registros contables oficiales sobre donaciones recibidas por parte de clubes para el mantenimiento del predio.
Más aún, uno de los cuestionamientos más graves apuntaba a que se habrían cobrado alquileres de la cancha sin ningún respaldo administrativo legal, lo que despertó sospechas sobre manejos informales del dinero. En su momento, los responsables negaron esa práctica, aunque admitieron estar atados por la falta de una normativa específica.
La creación de esta Unidad Administradora, con un Coordinador General designado por el Ejecutivo, busca ahora —según el texto de la ordenanza— administrar los fondos y regular el uso de las instalaciones, dictar un reglamento de funcionamiento y establecer requisitos para su utilización por parte de entidades públicas o privadas.
El artículo 7 establece que la Unidad podrá recaudar ingresos por derechos de uso, publicidad, concesiones y subsidios de distintos niveles del Estado. A su vez, deberá aplicar los fondos exclusivamente al mantenimiento y mejora de los establecimientos, bajo el régimen de contrataciones del Estado municipal.
La aprobación de esta ordenanza también coincide con un nuevo episodio que reflotó las tensiones en torno al estadio: la semana pasada se conoció públicamente que un exfutbolista y presidente de un club de la Liga Concordiense solicitó una auditoría integral sobre la gestión del Estadio Municipal y el desempeño de sus autoridades.
La oficialización de esta nueva estructura de control es una respuesta tardía pero necesaria a los reiterados reclamos de transparencia, pero la solicitud de la auditoría pone en el foco que no se trate solo de una formalidad que busque cerrar el capítulo sin investigar lo ocurrido en los últimos 17 meses. Lo cierto es que, con esta ordenanza, el Estadio “Ciudad de Concordia” finalmente queda comprendido dentro de un esquema normativo, pero aún resta saber si se hará pública la información sobre los fondos ya manejados desde su inauguración.
DiarioJunio
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