El Senado de la Nación sesionará desde las 11 para tratar la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por un monto de 171 millones de dólares. La jornada llega luego de horas convulsionadas para el oficialismo senatorial y tras una reunión del bloque La Libertad Avanza (LLA) que dejó en evidencia una preocupación importante: la falta de una estrategia clara para defender al presidente frente a las críticas por el pliego judicial de María Verónica Michelli, una candidata judicial cuyo nombramiento generó controversias.
El bloque libertario respaldó públicamente a Patricia Bullrich, quien protagonizó un fuerte rechazo al pliego de Michelli, enviado por el Ejecutivo y luego solicitado para retirar. Sin embargo, los legisladores que apoyaron a Bullrich son quienes conducen las comisiones más relevantes del Senado, lo que complica la situación para la Casa Rosada. Desde el sector libertario advirtieron que, si durante la sesión alguien presenta una cuestión de privilegio contra el presidente por la designación de Michelli, el conflicto podría escalar y generar un problema institucional grave que perjudicaría al Gobierno.
Para contexto, la Casa Rosada eligió a Michelli de una terna enviada por el Consejo de la Magistratura. La candidata superó sin dificultades la audiencia pública en la comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Pagotto. Sin embargo, el respaldo mayoritario esperado se vio afectado por la división interna en el bloque oficialista, donde algunos legisladores mostraron posturas ambiguas o cambiantes respecto a la defensa del Ejecutivo. Esta situación generó incertidumbre sobre quién asumirá la defensa del presidente en el recinto.
Entre los legisladores que apoyaron a Bullrich se encuentran dos fueguinos, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca, quienes además ocupan cargos clave en comisiones estratégicas como Asuntos Constitucionales y la bicameral que revisa los decretos de necesidad y urgencia. También sorprendió el respaldo del salteño Gonzalo Guzmán Coraita. Por el contrario, otros senadores vinculados a La Libertad Avanza, como Nadia Márquez, Ezequiel Atauche, Joaquín Benegas Lynch y Agustín Monteverde, mostraron posturas más tibias o divididas. En este contexto, el bloque se prepara para votar leyes de gran relevancia, aunque sin una posición unificada.
En cuanto al acuerdo con los holdouts, el convenio establece que Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. El Estado argentino realizará pagos de 67 millones de dólares al primero y 104 millones al segundo. El mecanismo adoptado es el formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP), que implica que los fondos se liberarán simultáneamente con la cancelación de los bonos, y los acreedores asumirán los costos legales generados por el litigio. Además, incluye una cláusula de “standstill” que impide nuevas acciones legales o interferencias financieras hasta la finalización de la operación.
Desde la oposición cercana al oficialismo criticaron el texto presentado por Bullrich, que perdió fuerza y herramientas frente a una Casa Rosada acostumbrada a negociar concesiones. Se eliminaron capítulos enteros relacionados con el RENABAP, se suavizaron medidas iniciales para desalojos exprés, se incorporaron modificaciones en el área de expropiaciones y se otorgó mayor poder a los gobernadores sobre tierras rurales. También se eliminaron prohibiciones vigentes desde hace décadas en la ley de manejo de fuego, impulsadas por Máximo Kirchner durante la gestión de Alberto Fernández.
