Sigue la “deep motosierra”: preparan el cierre de dos nuevos organismos, cuáles son?

El Gobierno sigue adelante con su política de "deep motosierra" y antes que termine el año planea cortar más profundo en el Estado, siguiendo dos de las líneas principales de esta estrategia: la disolución o fusión de organismos que considera innecesarios o duplicados y la reducción del personal de la planta transitoria. Sobre ambos puntos habrá novedades en los próximos días.

Acorde a fuentes oficiales, ya hay un nuevo organismo en el Ministerio de Capital Humano con los días contados en la mira de la motosierra y otro servicio de defensa del consumidor que desde la administración libertaria entienden que duplica sus funciones con las labores de otras oficinas. Ambas instancias se remontan a los años de los gobiernos kirchneristas.

En paralelo, a solo unas semanas que caduquen una vez más miles de contratos transitorios en el Estado, el Gobierno acelera con la implementación del llamado "examen de idoneidad" como condición necesaria pero no excluyente para seguir trabajando en el Estado. Las disposiciones que delinearán la normativa de la evaluación se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial y desde el Ejecutivo esperan arrancar con los tests la próxima semana. Aún quedan detalles por pulir.

En la gestión de Milei entienden que todo forma parte de un mismo objetivo de eficientizar el funcionamiento del Estado, sobre la base de tres ejes rectores: que el sector público nacional no realice tareas que corresponden a otros subniveles del Estado (provincias y municipios), que no suplante al sector privado en cuestiones que puede -y debe, a su entender- resolver de manera más eficiente y que no mantenga estructuras cuya funcionalidad carece de sentido, a la luz de los resultados que genera y los recursos que consume. 

Tal es el credo con el que se mueven desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderados por Federico Sturzenegger.  Y con esa meta, desde hace poco más de un mes, los diversos secretarios nacionales desfilan por los despachos de Maximiliano Fariña, mano derecha de "El Coloso", para poner bajo examen sus áreas sometiendo sus dependencias a la ecuación costos-recursos sobre personal a cargo de desarrollar estas tareas.

De lo que se trata, explican desde la Casa Rosada, es de volver al Estado más eficiente. Y lo mismo en lo que atañe a la evaluación de las y los estatales, en planta transitoria. "No es una cacería, es un filtro, pensado sobre todo a futuro. Para dignificar el rol de los trabajadores del Estado y que no venga cualquiera a poner a sus militantes", insisten en la gestión libertaria. Hablan del concepto de "public servant", o servidor público, como filosofía que inspira esta movida.  Pero desde los gremios denuncian lo contrario.

Así y todo, no se someterán a examen a los cargos políticos designados por la actual administración. La explicación es que su idoneidad es evaluada día a día por el propio Presidente a partir de sus resultados y que, ya como quedó demostrado, no duda en solicitar una renuncia en caso de juzgarlo necesario. 

Según el politólogo Pablo Salinas, ya son 94 las y los funcionarios nacionales que llegaron en diciembre pasado o los meses siguientes y ya abandonaron el Gobierno. Ayer fue el turno del interventor del ENRE y el Subsecretario de Combustibles Líquidos de la gestión de Javier Milei.

En lo que va de la gestión libertaria, ya se disolvieron unas 250 unidades del Estado y aspiran a llegar hasta las 400 al final del mandato. Por lo pronto, en los próximos días, la motosierra sellará el destino de un organismo en el ámbito del ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello. Aseguran desde el Gobierno que la decisión se tomó en conjunto, a partir de detectar que los salarios de su personal -unas 70 personas- resultaba "más caro" que la cartera de fondos de apoyo social que administraba.

Se trata de la Comisión Nacional de Microcréditos (Conami). En la web oficial, se presentaba como una instancia pensada para "generar un sistema de economía circular que articule la diversidad de recursos de cada comunidad para generar más y mejor trabajo". A través de microcréditos, buscaban apuntalar a emprendedores sin capacidad de acceder al sistema financiero formal para mantener en funcionamiento o iniciar sus proyectos.

Creada a través de la Ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social de 2006, la Conami aspiraba a impulsar "la producción local y la autonomía de las personas", acorde al portal oficial. El mecanismo contempla la entrega de fondos mediante las entidades de microcréditos -organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, mutuales, empresas recuperadas, fundaciones, comunidades indígenas, clubes barriales y gobiernos locales- que realizan un seguimiento de los créditos otorgados a cada proyecto.

"La Secretaría no entrega el crédito de forma directa al emprendedor interesado, sino que lo hace a través de estas instituciones que están familiarizadas con la economía local de cada sección. Estos organismos conocen el territorio y a los emprendedores de cada proyecto productivo ya que el Estado llega gracias al trabajo en conjunto con los mismos", justificaba el organismo. Todo ello va directamente en contra de la idea del Gobierno de correr a los intermediarios.

En Capital Humano están dispuesto a avanzar con su disolución en los próximos días, aunque eso no implicará -repiten desde el Ejecutivo- poner fin a la política de microcréditos. Tampoco brindan, por ahora, mayores precisiones sobre cómo continuará.

No es el único objetivo en la mira de la motosierra. También el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), creado en 2014 en conjunto con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a través de la Ley N° 26.993. Consiste en una instancia de presentación de reclamos que activa una audiencia con el proveedor y un o una conciliadora designada, de carácter gratuito y obligatorio para el proveedor, a riesgo de multa. 

El Gobierno nacional evalúa cómo avanzar sobre el Coprec pero ya tiene definido también su discontinuidad, aunque en este caso hay una cuestión legal que sortear. En gran medida, reconocen desde la Rosada, la Ley Bases y sus potestades les allanaron el camino para la estrategia de achique del Estado, en todos los planos.

A partir 2015, las instancias de mediación entre consumidores y el sector privado pasó a regir bajo el nombre de Consumo Protegido y se ubicó en el ámbito de la Secretaría de Comercio de la Nación, como "instancia previa y obligatoria a la judicialización de un conflicto surgido en el ámbito de las relaciones de consumo".

"El Sistema de Evaluación Pública es un hito histórico en la calidad del empleo en la Administración Pública Nacional", lo presenta el Gobierno en una web que habilitó específicamente para la evaluación. Allí afirma que el objetivo es "fortalecer el Empleo Público mediante una Evaluación General de Conocimientos y Competencias".

En las últimas semanas, representantes de los dos gremios estatales mayoritarios -UPCN y ATE- se reunieron con funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. En concreto, con interlocutores de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, a cargo de María Rosana Reggi, la que se ocupa de delinear la modalidad y los contenidos del examen en cuestión. Quedan detalles por pulir, como cuántas respuestas deben acertar sobre un total de 20 a 24 para poder aprobar.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron a El Cronista que es un examen que se tomará una sola vez, en la próxima renovación del contrato. Planean esta semana poner a disposición la turnera para que las y los trabajadores del Estado consigan su código para presentarse a rendir. A futuro, aseguran, será condición para ingresar al Estado, presentar el certificado de aprobación.

Desde los gremios lo denuncian como otra acción para avanzar con la motosierra. Lo catalogan de "humillante" para empleados y empleadas con 10 a 20 años de actividad y que siguen en esas condiciones producto de la precariedad laboral en el Estado.  Entre otras cuestiones, desde ATE marchan el jueves contra la evaluación. "Ya existen procesos formales, oficiales, para evaluar el desempeño de los/as trabajadores/as del Estado", remarcan también dirigentes de UPCN.

Desde el Gobierno crean que serán cerca de 40 mil las personas que deberán rendir el examen. Aquellos que renuevan contratos cada tres meses desde el  inicio del gobierno libertario bajo la modalidad que se conoce como artículo 9 o el decreto 1103.  Una vez que reservado el turno, la persona deberá presentarse con el DNI para rendir en el lugar asignado: en principio será la sede del INAP pero se piensa en Tecnópolis como alternativa.

Lo que se sabe hasta el momento es que la evaluación será de carácter digital, anónimo y presencial y de cumplimiento obligatorio para poder trabajar en la Administración Pública Nacional. El examen se realizará por tandas, con una primera etapa concentrada en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la próxima semana. 

Para avanzar con las evaluaciones en el interior del país todavía deben resolver aspectos de logística, ya que el examen es de carácter presencial, admiten desde el Gobierno. Lo mismo en el caso de quienes tengan un Certificado de Discapacidad, hasta tanto adapten las evaluaciones. No hay especificaciones respecto a quienes ingresaron por el cupo trans, siguiendo la normativa sancionada por la administración previa

En los próximos días esperan, desde el Gobierno. enviar por mail la oferta disponible de turnos para reservar y se podrá cancelar si no se puede asistir y reprogramar para otra fecha dentro del rango estipulado. Acorde a la web oficial, cada persona contará con tres intentos para tomar el examen y cada intento requerirá reservar un nuevo turno.  

Un dato clave: para cancelar un turno se debe hacer dentro de las 72 horas previas al día y horario asignado, pero aún si no pudiera concurrir por algún inconveniente en la fecha acordada, tampoco se consideraría como uno de los tres intentos disponibles para aprobarlo.

Aunque las evaluaciones tendrán una modalidad digital (on line), se tomarán en un espacio físico a definir que no será en las oficinas del trabajo habitual. Tampoco se contempla la posibilidad de un examen domiciliario. Se tratará de una evaluación con el sistema de multiple choice a responder en una hora de tiempo. La corrección estará a cargo del mismo sistema en forma automática, al concluir.

Habrá, además, tres tipos de examen, cada uno con un nivel de complejidad mayor orientado acorde al perfil laboral de las y los empleados, categorizados como servicios generales, administrativos y profesionales. Las temáticas girarán en torno a Comprensión Lectora, Razonamiento Lógico-Matemático y Administración Pública Nacional. Este último apartado será de aplicación solo para la evaluación orientada a profesionales.

 Por último, hay disponible en la web oficial del examen una serie de materiales teóricos y ejercicios orientativos a modo de práctica, que dan cuenta de cómo puede ser el examen. En lo referido a los conocimientos sobre Administración Pública Nacional, se ponen a disposición links para acceder a los textos de la Constitución Nacional, el Código Electoral, la Ley de Ética Pública, la de Procedimiento Administrativo y la de Administración Financiera.

De igual modo, hay diferentes modelos de preguntas, acorde a los tres tipos de exámenes (servicios generales, administrativos y profesionales) en lo que refiere a actividades de comprensión de consignas, donde se debe completar o interpretar entre varias opciones posibles. Y por último situaciones problemáticas de tipo matemático que incluyen también la respuesta correcta a modo de práctica.