Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente; Andrés Harfuch, director del Programa de Juicio por Jurados; Aldana Romano y Sidonie Porterie, co-directoras del Programa de Organización y Gestión Judicial del Inecip, critican el proyecto de ley en Entre Ríos que pretende limitar el Juicio por Jurados, argumentando que el Ministerio Público Fiscal resuelve solo el 6% de los casos al año, mientras se culpa al sistema de juicio por jurados, que interviene en solo el 0,1%, de los problemas de impunidad.
Los especialistas refutan argumentos de diputados provinciales al exponer que la Constitución establece que todos los juicios criminales ordinarios deben ser por jurados y que restringir su competencia es inconstitucional y prescinde del principio de Estado de Derecho.
Además, cuestionan datos erróneos citados e indican que la provincia de Chubut lidera en juicios por jurados por habitante, demostrando que aumentar la cantidad de juicios es factible. Se denuncia una falta de voluntad para realizar más juicios en Entre Ríos, sugiriendo que el desincentivo proviene de problemas organizativos y de gestión en el Ministerio Público Fiscal.
Inecip interpreta un intento de reforma que no favorece a las víctimas ni combate la impunidad, sino que busca socavar la participación ciudadana en la justicia, contraviniendo la Constitución. Se alerta sobre una cruzada institucional contra el sistema de juicio por jurados, impulsada por sectores que buscan devolver el poder judicial a una élite, en oposición al objetivo original de dar al pueblo el poder de juzgar para evitar opacidades y concentraciones de poder.
