La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) denunció a principios de junio el cierre de 60 Centros Educativos para Jóvenes y Adultos en diversas localidades de la provincia, incluyendo Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, entre otras. La secretaria general de Agmer Paraná, Cristina Miño, calificó la medida como un “ajuste criminal” y señaló que en la capital provincial cuatro centros cesarían actividades el 30 de junio. Además, criticó al gobierno por “quitar el derecho laboral a los trabajadores en cuestión de días” y afectar a estudiantes integrados.
Miño también defendió los derechos de los docentes suplentes, argumentando que, aunque no tengan estabilidad de titularidad, el gobierno no puede remover la estabilidad de suplencias que se han mantenido por años con alumnos en proceso de aprendizaje. El reclamo de Agmer fue respaldado por el bloque justicialista de la Cámara de Diputados y la agrupación UCR Activa, quienes se sumaron a las críticas contra la política educativa del Consejo General de Educación (CGE).
Por su parte, el director de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger, desmintió las acusaciones de cierre a través de un comunicado oficial. Según Blochinger, no existe “ninguna resolución ni disposición oficial que ordene el cierre de centros educativos”. Explicó que las versiones surgen de una “interpretación errónea y parcial de una circular interna” destinada a actualizar datos de matrícula y funcionamiento en el sistema SAGE, debido a información desactualizada, baja o nula matrícula en algunos centros y casos de “suplencia de suplencia” sin estudiantes activos.
El funcionario aseguró que el objetivo del CGE es “fortalecer esas instituciones, optimizar los recursos existentes y asegurar que allí donde exista una necesidad educativa, haya una respuesta efectiva del Estado”. Además, enfatizó la necesidad de eficiencia en el uso de recursos públicos, afirmando que “no puede sostenerse la existencia de un maestro para un solo alumno o de aulas vacías”. Blochinger llamó a la comunidad educativa a no desinformar ni generar alarma con datos no verificados.
Este conflicto refleja la tensión entre los gremios docentes y el gobierno provincial en materia de política educativa. Mientras Agmer sostiene que se vulneran derechos laborales y educativos, el CGE insiste en que se trata de un proceso de refuncionalización y no de cierres definitivos. Hasta el momento, no se han publicado resoluciones oficiales que confirmen los cierres denunciados, según información disponible en sitios gubernamentales.
