Este lunes está prevista la última audiencia de remisión a juicio de la causa Coimas que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. La Fiscalía tiene previsto solicitar una condena de 10 años de cárcel para Urribarri, mientras que el juez de Garantías Julián Vergara deberá disponer la elevación a debate oral de ese proceso.
El proceso, que ha sido extenso y con numerosos avatares, dio inicio el 20 de febrero de 2024 y se espera que concluya este lunes 31 de marzo, más de un año después. Durante el desarrollo de la causa, el juez a cargo fue recusado, generando controversias que llegaron hasta instancias superiores.
La investigación se centra en el presunto pago de coimas por parte de Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri. En una audiencia realizada en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano presentaron detalles sobre los montos de pagos ilegales asociados a contrataciones entre el Estado entrerriano y empresas vinculadas a Cardona Herreros.
Los cálculos se basan en un informe contable elaborado en el marco de la investigación. Se detallaron los pagos realizados en cada licitación, identificando la distribución de fondos y los beneficiarios de las coimas. La documentación analizada incluye PLM (Pagos por Licitación Mensual) que evidencian transacciones ilícitas.
La causa revela la existencia de mecanismos sofisticados para canalizar fondos ilícitos, incluyendo pagos a nombre de terceras empresas, efectivo y adquisiciones de bienes y servicios para funcionarios públicos.
Los fiscales lograron reconstruir la ruta del dinero, identificar los montos involucrados y determinar a los beneficiarios de estas operaciones fraudulentas. La investigación se apoyó en comunicaciones internas, registros contables y expedientes, dejando en claro la complejidad del entramado de corrupción descubierto.
La fiscalía también destacó que el dinero destinado a Urribarri era almacenado en las oficinas de Cardona Herreros y se realizaron depósitos bancarios para otros funcionarios implicados. Todo esto se basa en entrevistas con testigos clave y revisión minuciosa de la documentación recopilada.
