El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, declaró que el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por fuerzas chavistas al ingresar al país desde Colombia, estaba involucrado en un supuesto plan para sacar a seis dirigentes opositores de la embajada de Argentina en Caracas.
Cabello, considerado uno de los hombres más poderosos del chavismo, aseguró que Gallo estaba trabajando con un equipo vinculado a Iván Simonovis, un excomisario disidente que vive en el exilio. La operación, según el funcionario de Nicolás Maduro, se habría llevado a cabo entre el 13 y el 25 de diciembre con la finalidad de evacuar a los referentes del partido de María Corina Machado de la sede diplomática argentina, donde se encuentran refugiados desde marzo de este año.
El número dos de Nicolás Maduro regularmente utiliza su programa para atacar a opositores y dar órdenes que son rápidamente implementadas por las autoridades, los servicios de inteligencia, tribunales y fiscales. En ese contexto, se refirió a la detención del gendarme que elevó la tensión regional en función del reclamo del gobierno de Javier Milei ante organismos internacionales, que involucra también el asedio a la embajada de Argentina en Caracas.
El ministro explicó que la misión de Gallo era “infiltrarse en Venezuela”, contactar a Simonovis (a quien se refirió como “El Reno”) y coordinar una operación para sacar de la embajada argentina a los dirigentes de Vente Venezuela, el partido de la proscripta María Corina Machado, que se encuentran allí asilados.
En el mismo programa, Cabello también acusó sin pruebas a dos activistas opositores, el profesor y abogado Jesús Armas y el dirigente y precandidato a alcalde Luis Palocz, de estar involucrados en lo que calificó como “comanditos terroristas”, planeando ataques selectivos con la ayuda de la organización criminal Tren de Aragua.
Ambos opositores fueron secuestrados por agentes encapuchados en la vía pública y estuvieron desaparecidos durante varios días. Más tarde, se supo que ambos se encontraban detenidos en la sede de la policía política Sebin, incomunicados.
Por su parte, la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, responsabilizó directamente al ministro del Interior venezolano por la detención de Gallo y advirtió sobre las consecuencias si el argentino no es liberado. “Secuestrar a un gendarme argentino no te hace fuerte, te muestra desesperado. La Argentina no se somete a tiranos”, publicó la ministra en X, respondiéndole directamente a Cabello.
En tanto, los opositores mencionados por Cabello son seis políticos que, desde marzo, permanecen dentro de la sede diplomática argentina en Caracas, tras recibir asilo político del gobierno de Javier Milei. Permanecen a la espera de un salvoconducto que les permita exiliarse de un país investigado por violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y persecución a disidentes políticos.
La lista de refugiados la integran Magalli Meda, ex jefa de campaña presidencial de Machado, y figuras clave del partido Vente Venezuela, que alega haber ganado las elecciones del 28 de julio bajo la nómina encabezada por Edmundo González Urrutia.
Entre ellos figuran Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones; Humberto Villalobos, coordinador electoral; Fernando Martínez Mottola, Omar González, ex diputado. También el exministro y asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y Pedro Urruchurtu Noselli.
Todos ellos denunciaron haber sido presionados las fuerzas de seguridad chavistas, que además amenazaron con ingresar a la sede diplomática -algo prohibido por el derecho internacional; mientras que las autoridades argentinas denunciaron cortes de electricidad y agua. También aseguraron que los agentes controlan los accesos a la calle, restringen la entrega de alimentos y agua potable.
La embajada argentina en Venezuela está bajo la administración de Brasil desde que los diplomáticos argentinos fueron expulsados en agosto, tras la controvertida reelección del chavismo. A pesar de las denuncias de fraude, Maduro prepara la ceremonia presidencial, pautada para el próximo 10 de enero, mientras que González Urrutia manifestó su voluntad de asumir la presidencia, en el que será un escenario de máxima tensión institucional.
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