Luego del traspié el mes pasado durante las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional acordó con los gobernadores que volverá a enviar al Congreso en los próximos días una nueva versión más acotada y precisa del proyecto de "ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".
El borrador incluye el capítulo fiscal que el Poder Ejecutivo había decidido borrar del dictamen cuando empezó a embarrarse la discusión con los bloques dialoguistas, y prescinde de un gran abanico de temas accesorios que estaban contemplados en la letra original (seguridad, cultura, educación, código civil).
También se discutió con los gobernadores que podría incluirse en el texto la reposición del impuesto a las Ganancias, ahora renombrado como "impuesto a los ingresos personales".
El primer título del proyecto hace referencia a la declaración de la emergencia y la delegación de facultades. De las 11 planteadas originalmente y las seis que se votaron en el último dictamen, quedaría apenas cuatro emergencias por un plazo de un año: administrativa, económica, financiera y energética.
Es decir que por fuera de la línea de corte quedaron la emergencia tarifaria y la de seguridad, que habían sido objeto de fuerte controversia durante el verano.
El segundo título está vinculado a la Reforma del Estado y allí radican los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional. Se habilita a eliminar reparticiones, fusionar estructuras, disolver parcial o totalmente organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente.
Quedan excluidas las universidades nacionales, CONICET e INTA.
Acerca de los fondos fiduciarios, el punto donde se había empantanado la discusión en febrero pasado, el Ejecutivo vuelve a la carga y propone la modificación, disolución o extinción de los fideicomisos públicos y la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto.
El otro frente que hizo tambalear la ley ómnibus fue el capítulo de privatizaciones. Para achicar el margen de error, esta vez el Gobierno restringirá a no más de 13 empresas sujetas a privatización.
El siguiente título tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se aclara que las acciones de empresas se consolidan dentro de ANSeS y no se transfieren al Tesoro, lo cual las haría embargables.
La nueva ley ómnibus también comprenderá un título vinculado a los contratos vigentes y acuerdos transaccionales, por el cual se habilitará a la renegociar o rescindir contratos de determinadas características y montos bajo determinadas circunstancias de emergencia.
En el capítulo V, se incluye la formulación de un nuevo mecanismo de movilidad previsional en base a un ajuste mensual por IPC desde abril, y 10 puntos porcentuales de recomposición para compensar parcialmente la pérdida de ingresos reales de las prestaciones en el primer trimestre.
El siguiente título hace alusión a la creación de un régimen de blanqueo laboral, con facilidades y exenciones impositivas para la contratación de personal registrado.
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