La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó de manera unánime una ley histórica de amnistía destinada a presos políticos condenados por hechos relacionados con crisis políticas ocurridas entre 2002 y 2025. Esta legislación excluye a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la población, la soberanía y la integridad territorial del país. Además, quedan fuera de la amnistía los delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y delitos contemplados en la ley contra la corrupción.
La ley también establece que no podrán beneficiarse quienes estén procesados o condenados por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, especialmente si estas acciones fueron impulsadas por “Estados, corporaciones o personas extranjeras”. La amnistía abarca hechos ocurridos en episodios como el golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de 2002 e inicios de 2003, y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
Para garantizar la aplicación de esta ley, se conformó una comisión especial integrada por 23 diputados, tanto opositores como chavistas, que se encargará de desarrollar e implementar los mecanismos necesarios. La ley fue remitida a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán recibir asesoría de expertos en el proceso.
Uno de los puntos de mayor debate fue el artículo 7, que establece que las personas beneficiarias deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía, permitiendo que quienes no se encuentren en el país puedan hacerlo a través de un representante legal. Por su parte, el artículo 11 indica que el tribunal competente verificará las condiciones para conceder la amnistía en cada caso y ordenará la nulidad de los procesos en curso o la revisión de sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”, en un plazo que no excederá los 15 días continuos. La ley también aclara que quienes reciban la amnistía y cometan delitos posteriores serán procesados conforme a la legislación vigente.
Esta iniciativa se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense el 3 de enero. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 644 presos políticos, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el 8 de enero por el gobierno encargado.
En relación a las primeras liberaciones, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, será el primer beneficiado con la “libertad plena” tras la aprobación de la ley, informó esta mañana su hijo, Ramón Guanipa, quien aclaró que están a la espera de “una notificación escrita” oficial al respecto.
