Río de Janeiro amaneció este martes bajo un intenso operativo policial. Desde temprano, helicópteros, vehículos blindados y drones ingresaron a los complejos de favelas de Alemão y Penha, ubicados en el norte de la ciudad, en una ofensiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Al cierre de la jornada, el saldo oficial era de 64 personas muertas, incluidos cuatro policías, y más de 80 detenidos.
La acción comenzó antes del amanecer con bloqueos en las autopistas y el cierre de avenidas estratégicas que rodean las favelas. Helicópteros sobrevolaron la zona desde la noche anterior, mientras vehículos blindados derribaban barricadas hechas con neumáticos incendiados. Drones de reconocimiento detectaron movimientos y guiaron a los 2.500 agentes que avanzaron por las estrechas calles de los complejos.
Durante el operativo, las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y arrestaron a 81 personas. Se desplegaron alrededor de treinta vehículos blindados, dos helicópteros, drones de reconocimiento y ataque, además de diez vehículos de demolición para despejar rutas bloqueadas. El principal objetivo era Edgar Alves de Andrade, conocido como “Doca” o “Urso”, señalado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho en Penha. Nacido en Paraíba en 1970, “Doca” acumula más de un centenar de causas judiciales por homicidio, tráfico de drogas, tortura y asociación criminal. Se le vincula con la coordinación del narcotráfico en Vila Cruzeiro y Morro do São Simão, así como con ataques a comisarías en 2025. Por su captura hay una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares).
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha mantenido una política implacable contra el Comando Vermelho. Según Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, esta fue “la operación más letal contra grupos criminales en la historia de la ciudad”, y tres de las cuatro acciones con mayor número de muertos ocurrieron durante su mandato. Dalby explicó que “Doca” ha sido el arquitecto de la expansión violenta del grupo hacia otras favelas y estados, enfrentándose a milicias formadas en muchos casos por policías y militares activos o retirados, vinculadas a sectores de ultraderecha brasileña. “Doca es uno de los criminales más poderosos de Río de Janeiro”, afirmó.
El Comando Vermelho, fundado en 1979 en una cárcel de Río, se ha convertido en una estructura nacional y una de las dos organizaciones criminales más grandes del país. Opera mediante una red descentralizada que incluye capos en prisión, lugartenientes en las favelas, soldados que controlan puntos de venta y una sofisticada red de lavado de dinero. Su poder se basa no solo en el narcotráfico, sino en el control territorial de barrios donde el Estado históricamente está ausente.
La Fiscalía coordinadora del combate al crimen organizado señaló que los complejos de Penha y Alemão son “puntos estratégicos para el flujo de drogas y armas” debido a su cercanía con autopistas y accesos logísticos de la ciudad. El gobernador Castro calificó la operación como una “guerra” y afirmó que Río está “sola en este enfrentamiento”. También denunció que el narcotráfico dispone de armas provenientes de redes internacionales y que las Fuerzas Armadas rechazaron en tres ocasiones su pedido de apoyo con blindados.
Dalby señaló que Castro ha sido criticado por no aplicar la misma fuerza en territorios controlados por milicias, formadas por ex policías y militares. Sin embargo, destacó que “Doca” representa una amenaza real para el Estado, ya que lideró en mayo o junio un ataque contra una comisaría para rescatar a un aliado, donde dos agentes resultaron heridos y otro fue torturado. “Doca está vinculado a más de un centenar de homicidios, incluidos civiles y menores. Su captura era una prioridad nacional, pero la pregunta es a qué costo”, señaló Dalby, quien agregó que el Comando Vermelho muestra una capacidad casi paramilitar, controlando servicios básicos y administrando sus territorios con una lógica de gobernanza criminal.
Para el experto, esta operación puede reforzar el argumento del gobernador Castro de que el Comando Vermelho ya no es solo una organización criminal, sino una amenaza insurgente o terrorista. La población del norte de Río vivió escenas propias de un conflicto bélico: ráfagas de disparos, granadas lanzadas desde drones, autobuses desviados y más de 200.000 personas afectadas por la interrupción de servicios públicos. Las clases fueron suspendidas en 45 escuelas y doce líneas de colectivos cambiaron sus recorridos. Para los habitantes de Alemão y Penha, la jornada fue de tensión, miedo y paralización: comercios cerrados, transporte ausente y aulas vacías.
En este contexto, se plantea un dilema clásico de las operaciones en favelas: la línea entre la lucha contra el crimen organizado y la vulneración de derechos ciudadanos se vuelve difusa. Organizaciones de derechos humanos han denunciado estas intervenciones. Human Rights Watch alertó en septiembre de 2025 que un proyecto de ley aprobado en Río establecería incentivos económicos para que la policía dispare a sospechosos, lo que “crea un incentivo financiero para que los oficiales disparen en lugar de arrestar”.
Una investigación de HRW publicada en 2009 ya señalaba que muchas muertes en enfrentamientos oficiales no eran combates legítimos, sino ejecuciones extrajudiciales, con policías manipulando las escenas para ocultar responsabilidades. La impunidad y la letalidad policial en Río son parte de un problema estructural que persiste.
No es la primera operación con alta letalidad. En mayo de 2022, una redada en la favela Vila Cruzeiro, parte del mismo entorno de Penha y Alemão, dejó al menos 23 muertos y denuncias de civiles atrapados en el fuego cruzado. El futuro de esta misión dependerá de qué tan rápido el Estado pueda no solo capturar capos o incautar armas, sino también reducir la violencia residual, abrir investigaciones independientes sobre las muertes y reconstruir el tejido social en zonas abandonadas. Sin estos pasos, la lógica de control será momentánea y el ciclo de violencia, recurrente.
En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Río, casi dos por día. Este martes se sumaron 64 más a esa estadística. La operación continúa en desarrollo y el balance final aún está por verse.
