El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció al mandatario estadounidense, Donald Trump, su mediación para facilitar el diálogo entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, en un contexto de creciente tensión militar en el Caribe. La propuesta se realizó durante una reunión bilateral en Malasia, donde Lula se mostró dispuesto a buscar una solución negociada ante el despliegue de buques de guerra estadounidenses y el aumento de operaciones antidrogas en la región.
Según el canciller brasileño, Mauro Vieira, Lula enfatizó ante Trump la importancia de mantener la paz en América Latina y Sudamérica, y se ofreció como interlocutor con Venezuela para encontrar soluciones que sean “mutuamente aceptables y correctas” entre ambos países. Vieira destacó que Lula ya ha desempeñado este rol en el pasado y reiteró su compromiso para preservar la estabilidad regional.
La reunión entre ambos presidentes, que duró aproximadamente 50 minutos, tuvo como tema principal la discusión sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos a Brasil. A pesar de que el gobierno brasileño priorizó la crisis venezolana en su agenda, Trump declaró antes del encuentro que Venezuela no sería uno de los asuntos tratados. Sin embargo, Lula y su equipo insistieron en la urgencia de abordar la situación, argumentando que una posible intervención militar estadounidense en Venezuela podría desestabilizar la región y afectar directamente a Brasil.
Desde la Casa Blanca, la administración Trump mantuvo una postura distante respecto a la mediación propuesta por Lula. El propio Trump minimizó la relevancia del tema venezolano en la agenda bilateral antes de la reunión. En paralelo, funcionarios estadounidenses endurecieron su discurso contra el narcotráfico en América Latina. Stephen Miller, subjefe de Gabinete y asesor de Seguridad Nacional, calificó a los narcotraficantes como “terroristas” y advirtió que “los van a matar”. Aunque Miller mencionó que el Departamento de Guerra evalúa estrategias para combatir el narcotráfico y el terrorismo en el hemisferio occidental, evitó ofrecer detalles concretos sobre posibles despliegues militares en Venezuela.
Trump anunció la ampliación de la campaña antidrogas con operaciones terrestres, sin especificar en qué países se realizarán. Antes de partir hacia Malasia, acompañado por el secretario del Departamento de Guerra, Peter Hegseth, instruyó informar al Congreso sobre esta nueva fase de la ofensiva. El mandatario ironizó sobre la posibilidad de que el Congreso rechace estas estrategias, preguntando si preferirían “no detener el flujo de drogas”.
La escalada militar estadounidense se concretó con el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota, en el mar Caribe. El Pentágono informó que esta operación responde a una directiva presidencial con el objetivo de “desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”. Sean Parnell, portavoz del Pentágono, detalló que la presencia reforzada en el área del Comando Sur ampliará la capacidad para detectar, monitorear e interrumpir actividades ilícitas que amenazan la seguridad nacional y la estabilidad hemisférica. Este grupo de ataque se suma a una fuerza desplegada desde septiembre, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, cazas F-35B, aeronaves de patrulla P-8 y drones MQ-9 con base en Puerto Rico.
Desde la perspectiva brasileña, la oferta de mediación responde a la preocupación por el impacto que una intervención militar podría tener en la estabilidad regional y en la seguridad de Brasil. Lula criticó los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y defendió la necesidad de una cooperación internacional basada en el diálogo entre fuerzas policiales y ministerios de justicia de los países involucrados. El presidente brasileño advirtió que la tendencia a intervenir militarmente en otros territorios pone en riesgo el respeto a la soberanía nacional y puede sentar un precedente peligroso para la región.
Esta crisis tiene su origen en la intensificación de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental, que incluyen la destrucción de embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas y el despliegue de fuerzas navales y aéreas. El Pentágono justifica este refuerzo como una medida para proteger la seguridad nacional y combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
