Los clubes de Primera División acordaron convocar a un paro total de actividades en todas las categorías del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, fechas en las que estaba prevista la disputa de la fecha 9 del Torneo Apertura. Esta decisión fue tomada en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, en la que los dirigentes manifestaron su rechazo a las denuncias presentadas por ARCA, el ente recaudador argentino, que investiga la presunta retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.
Durante el encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, mostró una captura de pantalla de la página oficial de ARCA que, según sus palabras, demuestra que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes. Con este documento, los directivos sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. La presentación de esta evidencia fue clave para que la dirigencia de Primera División decidiera impulsar el paro como una muestra de respaldo institucional.
Claudio Tapia, presidente de la AFA, instó a los dirigentes a actuar unidos frente al conflicto. Tras la exposición de Lorenzo, los representantes de la máxima categoría coincidieron en la necesidad de suspender la actividad. Además, iniciaron un diálogo con las demás categorías para que se sumen a la medida, y todo indica que el Ascenso también adherirá al paro.
En un comunicado oficial, la AFA aclaró que no tiene deudas exigibles por las obligaciones fiscales que motivaron la denuncia de ARCA y que fueron la base para la citación judicial de sus autoridades. Señaló que los pagos voluntarios de esas obligaciones se hicieron antes de su vencimiento y que la causa está pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones. La AFA sostuvo que ARCA pretende convertir obligaciones aún no vencidas en la base para una posible comisión de delito penal tributario, lo cual contradice las normas jurídicas vigentes.
Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, expresó tras la reunión que “todos los clubes están creciendo y haciendo obras” y consideró que la denuncia representa “una persecución” que afecta a todo el fútbol, calificándola como un “tema de estado”. Berlanga afirmó que no se descarta la suspensión total del torneo y que la medida responde a una ofensiva institucional contra el fútbol, mencionando además que “quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron clara su postura”. También señaló que “Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados” y que la autorización para que Tapia viaje a compromisos internacionales es “muy rara”.
La causa penal se inició el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia de ARCA, cuyos abogados detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos por parte de la AFA, que habría generado un perjuicio fiscal superior a 19.350 millones de pesos. La acusación documentó que la entidad no retuvo ni depositó aportes a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. La fiscalía basó la imputación en un precedente de la Corte Suprema que establece que el delito se configura 30 días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.
La querella sostuvo que la omisión no se debió a problemas financieros, ya que la AFA recibió acreditaciones bancarias por más de 45 mil millones de pesos en diciembre de 2024 y sumó ingresos por más de 453 mil millones en 2025, constituyendo plazos fijos en pesos y dólares durante ese período. Por ello, ARCA concluyó que los responsables tenían “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.
El 27 de enero de 2026, la defensa de Tapia solicitó la nulidad de la citación judicial alegando que las deudas no eran exigibles al momento de los hechos y citando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron juicios fiscales a entidades sin fines de lucro. Sin embargo, la acusación descartó un error administrativo y afirmó que la omisión prolongada de pagos evidenciaba una acción concertada de las autoridades, respaldada por auditorías firmadas por el presidente, secretario general y tesorero.
En las audiencias del 10 de febrero, Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, explicaron que los pagos dependían siempre de instrucciones verbales del tesorero Pablo Toviggino, quien tenía el control económico. Tapia fue identificado como administrador general de la clave fiscal institucional. Los pagos se realizaban con fondos de cuentas oficiales del Banco Credicoop, requiriendo la firma conjunta de tres autoridades.
Las audiencias indagatorias comenzarán el 5 de marzo con la declaración de Tapia y los abogados de la AFA. El 6 de marzo declararán Toviggino y Gustavo Lorenzo, y el 9 de marzo Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. La Cámara Nacional en lo Penal Económico debe resolver un recurso presentado por la defensa que apeló la negativa al pedido de sobreseimiento. El juez rechazó cerrar el expediente, respaldando a ARCA y la fiscalía, que consideran que el delito está configurado.
El juez Diego Amarante autorizó a Tapia a salir del país con una fianza de cinco millones de pesos para asistir a compromisos oficiales en Colombia y Brasil, en el marco de la causa por presunta evasión impositiva. La autorización incluye condiciones estrictas: Tapia debe notificar su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores y presentar el comprobante migratorio, bajo apercibimiento de ejecutar la fianza y ordenar su captura en caso de incumplimiento.
Tapia participará en un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y en una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro entre el 23 y 28 de febrero de 2026. Durante su viaje, deberá alojarse en hoteles de cuatro estrellas en Colombia y tres en Brasil, sin interferir con las audiencias judiciales programadas.
Además de esta causa, la AFA enfrenta otras investigaciones. Una indaga el origen de los fondos para la compra de una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en más de 20 millones de dólares, donde se sospecha que un monotributista y su madre serían testaferros. En los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y documentación relacionada con hangares, helipuertos y propiedades de lujo.
Un tercer frente judicial es una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta, manejo irregular de contratos y desvío de fondos. La denuncia sostiene que acuerdos estratégicos se realizaron sin transparencia y se canalizaron hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter, sustentada en más de 3.000 páginas de documentación bancaria proveniente de Estados Unidos.
