Tal como lo había informado oportunamente HoraDigital, el Municipio comenzará a aplicar aranceles en distintos espacios y servicios deportivos que hasta ahora se utilizaban de manera gratuita. La medida se enmarca en la Ordenanza Tributaria 2026 (N° 38.777) y, según se indicó oficialmente en un comunicado de prensa este martes, apunta a garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la calidad de las prestaciones.
Desde la gestión local señalaron que el cobro alcanzará al uso del Albergue Municipal de Deportistas, el Gimnasio, el Estadio Ciudad de Concordia, la Cancha de Hockey, entrenamientos, clases grupales, servicios de la Clínica del Deportista, además de inspecciones y ocupación de espacios públicos para eventos deportivos.
La subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, explicó que se trata de “un aporte mínimo” destinado al mantenimiento de las instalaciones, la incorporación de equipamiento y la mejora general de los servicios. Según detalló, los valores fijados se ubican por debajo de los costos del sector privado y podrán actualizarse periódicamente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Desde el Ejecutivo remarcaron que lo recaudado tendrá afectación específica: mantenimiento, compra de materiales, contratación de profesionales y ampliación de la oferta deportiva. Además, anticiparon que se publicarán informes sobre el destino de los fondos como parte del compromiso de transparencia.
En ese sentido, se aclaró que el esquema contempla exenciones, descuentos y evaluaciones sociales para jubilados, personas con discapacidad, estudiantes y vecinos en situación de vulnerabilidad, con intervención del área de Desarrollo Social, con el objetivo de que nadie quede excluido por razones económicas.
Previo a la implementación, indicaron que se realizaron reuniones informativas con clubes, profesores y referentes deportivos para explicar el alcance de la medida.
De esta manera, y luego de que la decisión generara repercusiones en el ámbito deportivo local, el Municipio fundamentó oficialmente el inicio del cobro por el uso de instalaciones públicas, argumentando la necesidad de sostener y fortalecer el sistema en un contexto de incremento de costos.
