El oficialismo intentó avanzar con una sola audiencia pública para cumplir con el requisito constitucional, pero los bloques de la oposición presentaron contrapropuestas que derivaron en un consenso para realizar dos jornadas, una presencial y otra virtual. Este acuerdo establece una hoja de ruta que asegura que la Casa Rosada no podrá contar con la aprobación de la Ley de Glaciares al menos hasta mediados de abril.
Durante el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, legisladores de distintos sectores coincidieron en la necesidad de un mecanismo que garantice la participación federal de las provincias involucradas en la gestión de cuencas hídricas afectadas por la norma. El cronograma fijó el 25 de marzo como la primera fecha para la audiencia pública, con la posibilidad de extenderla al día siguiente mediante una modalidad virtual. Este paso es clave para asegurar el cumplimiento de la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
La diputada Beatriz Estévez, de Unión por la Patria, criticó la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo durante el tratamiento del proyecto y solicitó que se incluya en el cronograma la participación de funcionarios del Ejecutivo. Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz, del bloque Libertad, Igualdad y Democracia (LLA), propuso inicialmente una audiencia única el 25 de marzo, de 10 a 19 horas, con modalidad presencial o por Zoom para facilitar la participación federal sin necesidad de traslados. Sin embargo, ante el reclamo de la oposición para que las audiencias se realicen en las provincias con cuencas comprometidas, Mayoraz aceptó modificar la propuesta y confirmó que se harán dos jornadas: una presencial y otra virtual.
El mecanismo diseñado busca favorecer la “amplia participación” permitiendo presentaciones por escrito y estableciendo un tiempo de cinco minutos para cada expositor, con posibilidad de reducción si la inscripción supera las expectativas. Para inscribirse, se habilitó un correo electrónico de la comisión de Recursos Naturales. Además, se estableció que la audiencia requerirá la presencia mínima de cuatro diputados por cada comisión convocada, lo que eleva el estándar de legitimidad institucional.
En el debate, el diputado Maximiliano Ferraro, del bloque Coalición Cívica, destacó la necesidad de federalizar el proceso y realizar audiencias en distintas provincias afectadas por la ley, no solo aquellas con desarrollo minero, para abordar el debate interjurisdiccional constitucional. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, señaló que existe consenso sobre la realización de la audiencia pública, pero advirtió sobre diferencias en su implementación, enfatizando que debe ser federal debido a la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas. En contraste, la diputada Silvana Giudici, de LLA, defendió la idea inicial de una sola jornada y recordó que el bloque kirchnerista antes se oponía a la audiencia pública, pero finalmente su posición no tuvo apoyo.
También se puso en foco la participación de actores sociales. Juan Grabois exigió que se garantice el acceso de comunidades indígenas registradas en las cuencas afectadas, proponiendo que su participación sea asegurada en las audiencias. La legisladora María Zigarán, de Provincias Unidas, cuestionó si el objetivo real es garantizar la participación pública o simplemente cumplir con un trámite formal, y planteó la necesidad de regionalizar las audiencias en cada una de las cinco zonas involucradas.
El diputado Diego Guliano criticó la forma en que se desarrolló la discusión en comparación con el tratamiento previo en el Senado, señalando que en esta Cámara se convocó a una reunión conjunta sin permitir hablar del proyecto inicialmente, mientras que en el Senado se votó a libro cerrado. Sin embargo, valoró positivamente la propuesta de realizar la audiencia pública.
Finalmente, las comisiones acordaron que la reunión inicial solo comenzará si participan al menos cuatro diputados por comisión, asegurando pluralidad y control parlamentario. El cronograma vigente establece las fechas del 25 y 26 de marzo para las audiencias públicas, con el objetivo de lograr una amplia participación de provincias, sectores productivos y comunidades indígenas vinculadas a los glaciares y sus cuencas.
