Los legisladores nacionales Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay presentaron una demanda civil preventiva para evitar daños ambientales causados por la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Uruguay. La acción judicial se dirige contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA, argumentando que el proyecto incumple el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Botnia-UPM”.
En el expediente 3276/2026, los diputados Michel y Marclay junto con el senador Bahl sostienen que la planta producirá un daño ambiental irreparable, motivo por el cual buscan que se adopten medidas necesarias para evitar o al menos minimizar ese impacto. La demanda se basa en los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, así como en el artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial.
Guillermo Michel criticó la falta de acción del gobierno provincial frente a esta situación. “Con la planta de combustibles sintéticos, Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. No tiene convicciones ni contracción al trabajo. Ante esta inacción y falta de gestión decidimos accionar judicialmente con esta medida preventiva que permitirá impulsar estudios ambientales y medidas de prevención”, afirmó. Además, aseguró que “está demandado el Estado uruguayo y la empresa; se van a tener que sentar en la mesa y darles explicaciones a la justicia argentina”.
Los legisladores señalaron que, aunque el proyecto en Uruguay data desde 2017, hasta el momento el país vecino no ha presentado ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) los estudios ambientales previos que está obligado a entregar según el Estatuto del Río Uruguay y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010 en el “Caso de las Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay)”.
Denunciaron que Uruguay avanza unilateralmente otorgando permisos y aceptando documentación de la empresa HIF Uruguay SA fuera del ámbito de la CARU, lo que impide que Argentina pueda controlar y evaluar el proyecto para proteger el ambiente y la sanidad del río Uruguay. En este contexto, los legisladores remarcaron que “Argentina, y en especial sus funcionarios, tienen la obligación de actuar en defensa de la legalidad vigente y del ambiente del río Uruguay”. Entre las acciones que proponen están exigir la presentación de la documentación, impedir el avance de las obras hasta que se evalúen los estudios y, si es necesario, acudir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia para denunciar el incumplimiento.
Michel, Bahl y Marclay expresaron que “la República Oriental del Uruguay no presentó los estudios de impacto ambiental, por lo que los argentinos desconocemos el grado de contaminación que traerá aparejada la planta”. También destacaron que la comunidad de Colón y otras ciudades entrerrianas ribereñas han manifestado su preocupación por el avance de esta megaobra. Por último, solicitaron información sobre la empresa HIF Uruguay SA y pidieron que se realice una pericia ambiental, proponiendo que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) o un perito biólogo de oficio sean designados para llevarla a cabo.
