El Gobierno de Bolivia afirmó este miércoles que enfrenta un “proceso conspirativo en curso” en medio de una serie de protestas en distintas regiones del país y señaló que no cederá el mandato otorgado al presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió en noviembre de 2025.
Bolivia registra múltiples conflictos sociales impulsados por las demandas de incremento salarial, abastecimiento y calidad de combustibles, así como otros reclamos sectoriales, que han derivado en marchas y bloqueos.
En su primer contacto con la prensa tras asumir el cargo la víspera, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, indicó que las movilizaciones no responden únicamente a demandas sectoriales, sino que, en su criterio, forman parte de un escenario de presión política dirigido a desestabilizar al Ejecutivo.
“Estamos en democracia y podemos expresar nuestras demandas, de eso se trata y tenemos que escucharnos. En lo que sí no estamos de acuerdo es en la generación de convulsión política con intenciones de generar un caos y eventualmente construir un proceso conspirativo, que creemos (…) está en curso”, dijo Gálvez.
El vocero agregó que el Gobierno mantendrá su posición respecto al mandato recibido. “No vamos a ceder ningún espacio, porque es un mandato el que hemos recibido y hay cosas que consideramos que son innegociables”, sostuvo. Gálvez instó al diálogo a todos los sectores movilizados.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las declaraciones se producen en un contexto de protestas que incluyen bloqueos en la región de los Yungas, marchas sindicales hacia La Paz, movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), un paro del sector salud y anuncios de paralización del transporte.
Entre las principales movilizaciones, la de maestros, respaldada por la COB, avanza hacia La Paz con demandas de incremento salarial y jubilación al 100 por ciento, y prevé coincidir con otros sectores en un cabildo nacional el próximo 1 de mayo. En Santa Cruz, sindicatos del transporte anunciaron un paro escalonado desde mayo en reclamo por el abastecimiento y la calidad del combustible. En paralelo, organizaciones campesinas e indígenas de la Amazonia marchan hacia La Paz en rechazo a normas sobre propiedad agraria.
