El Gobierno nacional remitió este viernes al Congreso dos proyectos de ley: uno para modificar la Ley de Salud Mental y otro para combatir el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. Estas propuestas fueron analizadas previamente en una reunión de la mesa política realizada en la Casa Rosada, convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El proyecto de Salud Mental tiene como objetivo “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria”. Desde el Ministerio de Salud indicaron que la iniciativa busca “actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
Además, se pretende superar las limitaciones actuales en el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios para adaptarlos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción. Para ello, se realizaron relevamientos que incluyeron aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental, y actores judiciales y legislativos, donde se detectaron “dificultades concretas en la práctica diaria”.
Entre los principales problemas identificados, fuentes oficiales señalaron la falta de aplicación uniforme de la legislación vigente: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas para internación. El Ejecutivo propuso reforzar el rol de los profesionales médicos, otorgándoles un papel central en la prevención y el tratamiento de la salud mental y las adicciones, con mayor relevancia para especialistas en psiquiatría.
El proyecto también propone reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, incorporando el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento” para lograr mayor precisión. Asimismo, redefine los criterios para las internaciones involuntarias, sustituyendo el concepto de “riesgo cierto e inminente” por “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el fin de establecer una formulación más abarcativa y evitar dudas o inacción por parte de los profesionales.
Se establece que la internación debe ser “un recurso terapéutico excepcional” y aplicarse solo cuando no existan alternativas menos restrictivas. Además, se fijan requisitos como evaluaciones interdisciplinarias, la participación de al menos un médico psiquiatra y la notificación judicial en plazos específicos. El proyecto amplía las posibilidades de creación de establecimientos especializados y permite que las internaciones se realicen en hospitales generales, instituciones psiquiátricas y centros especializados, tanto públicos como privados. También se establece que “el rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio”.
Por otro lado, el segundo proyecto se enfoca en las pensiones no contributivas por invalidez. El Ejecutivo señaló que entre 2003 y 2023 estos beneficios aumentaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000, lo que generó “una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”. Investigaciones y auditorías detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales”, incluyendo “domicilios inexistentes” y casos en los que “no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos”.
El Gobierno advirtió que esta situación provoca un “injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y afecta “la correcta asignación de los recursos”. Por ello, el proyecto propone crear herramientas específicas para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”. Entre las medidas se incluyen auditorías periódicas, cruces de datos con distintos organismos públicos y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. También se establece un proceso de reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de los titulares.
Finalmente, el proyecto define que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fija incompatibilidades con el empleo formal.
