La polémica en Toledo, una localidad cordobesa de unos 6.300 habitantes, comenzó tras la aprobación exprés de una ordenanza que redefine los ingresos de los concejales y de los integrantes del Tribunal de Cuentas. La norma fue votada el martes por la noche con cinco votos a favor y dos en contra, estableciendo un mecanismo de cálculo que generó cuestionamientos tanto dentro como fuera del ámbito institucional.
Según el artículo 5 de la ordenanza, la dieta mensual de cada concejal y miembro del Tribunal de Cuentas será equivalente al 2% del presupuesto total estimado del municipio, que asciende a unos $7.400 millones. De aplicarse este criterio, cada uno recibiría cerca de $12 millones mensuales por cargo, una cifra que sorprendió por su magnitud en relación con la escala y el contexto económico de la localidad.
El intendente Sergio Marín expresó su rechazo tanto por la forma en que se aprobó la ordenanza como por el monto estipulado. “Lo curioso es que se trató sobre tablas. Nosotros tenemos varias obras pendientes en comisión del Concejo Deliberante que todavía no fueron tratadas, y esto salió con una rapidez llamativa”, declaró a Cadena 3. Además, cuestionó la decisión en un contexto económico complicado y con un presupuesto municipal limitado: “Nos sorprendió el monto para una localidad de entre 5.000 y 6.500 habitantes, con un presupuesto reducido y en este contexto actual”.
Marín anticipó que probablemente vetará la ordenanza y advirtió que, si el Concejo insiste con esos artículos, recurrirá a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la medida. También señaló la contradicción política que representa el respaldo transversal que tuvo la iniciativa, especialmente por parte de concejales libertarios: “Llama la atención que concejales libertarios aprueben un aumento de dieta en este contexto económico, cuando se habla de anticasta. Desde nuestra localidad parecería que vamos a contramano”.
La decisión generó un fuerte debate en la comunidad y en los ámbitos políticos de Toledo, donde la discusión sobre la gestión de recursos y la representación política se vuelve central en un momento de dificultades económicas. El futuro de la ordenanza dependerá de las acciones que tome el Ejecutivo y de la posible intervención judicial anunciada por el intendente.
