Las universidades públicas de Argentina se movilizarán nuevamente este martes 12 en una jornada federal de protesta que incluirá actividades en varias ciudades de Entre Ríos. La principal demanda es por un aumento en el financiamiento y la recomposición salarial para docentes y trabajadores nodocentes. En paralelo, el Gobierno nacional adelantó que convocará a una reunión con rectores en los próximos días, una vez finalizadas las marchas.
En Paraná, la concentración está prevista para las 17 en Plaza 1° de Mayo, desde donde docentes, estudiantes, trabajadores nodocentes y organizaciones universitarias marcharán hacia Casa de Gobierno. Esta convocatoria fue difundida por las facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). En Concordia, también habrá movilización con una concentración a las 18.30 en Plaza Urquiza, confirmada por autoridades de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad Tecnológica Nacional Regional Concordia y Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
Las universidades nacionales exigen que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial. Reclaman una actualización en las partidas para funcionamiento, una recomposición salarial para docentes y nodocentes, y un refuerzo en las becas estudiantiles. Además, destacan que existen fallos judiciales que ordenan garantizar esos recursos.
Antes de la movilización, el Gobierno nacional ratificó que no aplicará la ley cuestionada por considerar que presenta “irregularidades” y reclamó mayor transparencia en el manejo de fondos universitarios. Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano informaron que, tras la marcha, convocarán a una reunión con un grupo de rectores para discutir especialmente el reparto de recursos destinados a hospitales universitarios.
La ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, indicaron que trabajan en la creación de una plataforma pública para que cualquier ciudadano pueda consultar el destino de los fondos asignados al sistema universitario. Álvarez señaló que durante años hubo dificultades para acceder a datos detallados sobre costos, presupuesto y funcionamiento de las universidades.
Pettovello afirmó que el objetivo oficial es “hacer un gasto eficiente e inteligente” y garantizar el acceso público a la información sobre la inversión educativa. Explicó que “muchos de estos datos no los tiene casi nadie porque la administración del Sistema de Información Universitaria está en manos exclusivamente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)”, lo que dificultaba la publicación de datos. Criticó que el sistema funcionaba sin depurarse y que se basaba solo en un anuario estadístico “que no es amigable”.
Álvarez agregó que “hace muchos años no se analizaba cuál era el costo por alumno y por graduado, indicadores necesarios para conocer el estado real de los centros de formación”. Aseguró que no existe animosidad contra la universidad pública, sino que buscan “hacer gasto eficiente, inteligente y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad, porque es la inversión que se hace en cada alumno, son impuestos que todos pagamos”.
El subsecretario también consideró que hay sectores que “buscan cambiar un poco el eje de la discusión”, lo que se evidenciará en la marcha, donde participarán partidos políticos opositores. Criticó el pedido de cumplimiento de los aumentos establecidos en la norma de financiamiento aprobada por el Congreso el año pasado, que luego fue vetada por el presidente Javier Milei y que actualmente está en discusión judicial.
Álvarez explicó que “la consigna de ellos es ‘cumplan la ley’, pero no se puede cumplir porque es abstracta y quedó derogada al aprobarse el Presupuesto, ya que no puede haber asignaciones fuera de este”. Recordó que el amparo en primera instancia, que ahora analiza la Corte Suprema, se refiere solo a dos artículos sobre becas y salarios, que implicarían un aumento del 50% en los salarios, un gasto que el Estado no puede afrontar actualmente.
Finalmente, el funcionario señaló que la norma estaba mal incluso antes de la aprobación del Presupuesto, porque incumplía la Ley de Administración Financiera, que exige que para aprobar cualquier gasto se debe especificar su origen. En este contexto, el Gobierno buscará avanzar en una mayor transparencia y diálogo con las universidades luego de las movilizaciones.
