La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial la Resolución 28/2026, que elimina el régimen de compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de transporte interurbano de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer. Este régimen existía desde 2018 y se había renovado en sucesivas resoluciones.
El derecho al pase libre se mantiene vigente por ley, pero con esta medida el Estado deja de reembolsar a las compañías el costo de esos viajes. La lógica original del régimen era compensar a las empresas en un contexto de tarifas reguladas, donde los operadores no podían fijar libremente sus precios y por tanto no podían recuperar ese costo de otra forma. Sin embargo, este esquema cambió en octubre de 2024, cuando el decreto 883 liberó las tarifas del transporte interurbano y otorgó a las empresas libertad para fijar precios, recorridos y horarios.
La resolución firmada por el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich, sostiene que con tarifas libres las empresas tienen la capacidad para incorporar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales que les impone la ley, entre ellas el pase gratuito. El texto aclara que “la supresión del régimen de compensaciones no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, que “permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas”. Las personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer continúan teniendo derecho al pasaje gratuito según las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
En la práctica, aunque el beneficio no fue eliminado, el nuevo esquema deja de transferir recursos estatales a las empresas y traslada el cumplimiento exclusivamente al sistema de control y fiscalización. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó a cargo de garantizar que las empresas sigan entregando los pasajes gratuitos correspondientes, aun sin el mecanismo de compensación económica que existía hasta ahora. La resolución comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.
