El diputado nacional Pablo Juliano criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se conociera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, se inscribió en el régimen de regularización tributaria denominado “inocencia fiscal”. “Adorni primero se engolosinó gastando cientos de miles de dólares crocantes y ahora hace que su esposa se inscriba en el Régimen de Inocencia Fiscal, una ley-traje a medida que el propio gobierno de LLA hizo para sus amigos, parientes y socios. No tengo dudas de que la DDJJ del jefe de Gabinete va a ser el ejercicio más bizarro de contabilidad creativa de la historia argentina. Dibuje, Ministro, dibuje”, expresó el legislador en su cuenta de X.
La controversia surgió tras una investigación publicada el 9 de junio de 2026 por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, donde se reveló que Angeletti solicitó su adhesión al régimen el 31 de mayo pasado, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este mecanismo, establecido por la Ley 27.799, permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin enfrentar sanciones penales ni antecedentes impositivos, informó el sitio Parlamentario.
Según la publicación, la constancia oficial –válida hasta el 9 de julio– no especifica los montos ni los bienes regularizados, ya que esa información está protegida por el secreto fiscal. No obstante, la solicitud de acogimiento al régimen se produce en un momento delicado, días antes de que el propio Adorni deba presentar su declaración jurada patrimonial como funcionario público.
El informe periodístico destaca que la situación cobra mayor relevancia debido al rol institucional de Adorni, quien ha sido uno de los principales voceros del gobierno en temas de transparencia, control del gasto público y lucha contra la corrupción. En ese contexto, la regularización tardía de la situación tributaria de su esposa “genera una tensión narrativa evidente entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario”.
Además, la investigación señala que Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017 en el rubro de actividades profesionales, pero recién en octubre de 2025 formalizó su inscripción en el IVA y en el impuesto a las ganancias, cuando su esposo ya ocupaba un cargo de alta jerarquía y ambos eran considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP). Este desfase temporal es observado por los investigadores judiciales como un dato relevante.
Paralelamente, la causa judicial que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito también analiza diversas operaciones patrimoniales de la familia. Entre ellas, la compra de un departamento en Caballito en 2025, por el que se pagaron 30.000 dólares en efectivo y se asumió una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses, así como la adquisición de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz por 120.000 dólares, también parcialmente abonada en efectivo.
