El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos incorporará 40 nuevas tobilleras electrónicas tras la firma de un acta complementaria con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esta acción, impulsada por el ministro provincial Néstor Roncaglia y la ministra nacional Alejandra Monteoliva, forma parte de las políticas de modernización de los sistemas de control penal en la provincia.
La iniciativa se enmarca dentro del programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y tiene como objetivo optimizar los recursos del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER). Con la incorporación de estos dispositivos, la provincia podrá ampliar el monitoreo de personas que cumplen prisión domiciliaria u otras modalidades de ejecución de la pena previstas por la legislación vigente, alcanzando un total de 241 tobilleras electrónicas activas.
Estas unidades serán administradas directamente por el departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico del SPER. En las reuniones técnicas y de gestión que permitieron concretar el acuerdo participaron también el director general del SPER, Alejandro Miotti, y el subdirector, inspector general Santiago García.
Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que esta ampliación representa una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades operativas del Servicio Penitenciario, mejorar los mecanismos de control y contribuir a una gestión más eficiente del sistema penal. Además, permite generar condiciones seguras para que las personas habilitadas legalmente puedan cumplir medidas judiciales fuera de los establecimientos penitenciarios, favoreciendo la descompresión de las unidades penales y promoviendo procesos de inserción social bajo supervisión permanente.
El convenio establece que el Estado nacional asumirá los costos correspondientes a la prestación del servicio de monitoreo a distancia, garantizando el funcionamiento de los nuevos dispositivos incorporados al sistema provincial. Por su parte, Entre Ríos ratificó su compromiso de cumplir con los estándares técnicos y operativos fijados por el programa nacional, mediante la elaboración de informes socioambientales previos, la remisión periódica de estadísticas sobre la utilización de los equipos y el seguimiento permanente de las personas incorporadas.
De esta manera, la provincia continúa fortaleciendo las herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la seguridad pública y a consolidar mecanismos de control eficientes en su territorio, en línea con las políticas nacionales y provinciales para la modernización del sistema penal. (APFDigital)
