La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó graves falencias en el control del país sobre sustancias peligrosas arrojadas al medio ambiente, también denominados “contaminantes orgánicos persistentes (COP)” y metales pesados como el mercurio por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los años 2018 y 2021, es decir, que abarca los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
La AGN también observó “falencias en las mediciones y controles de estas sustancias peligrosas” varias de las cuales son cancerígenas en exposiciones largas, como pesticidas y agroquímicos -por ejemplo el glifosato- y DDT (Diclorodifeniltricloroetano) utilizado para el control de insectos. El informe destaca que: “El país enfrenta limitaciones en su capacidad institucional y técnica para manejar adecuadamente estas sustancias”, lo que ha sido destacado como “un problema crítico de las gestiones” de esa cartera que en el período relevado estuvieron a cargo de Sergio Bergman y Juan Cabandié.
“La Argentina enfrenta desafíos significativos para minimizar los riesgos de estas sustancias para la salud humana y el medio ambiente, promoviendo el cumplimiento de los Convenios de Estocolmo y de Minamata”, resalta el reciente trabajo de la auditoría, que depende del Congreso de la Nación y que durante la elaboración del informe tenía como presidente al radical Jesús Rodríguez, y como auditor general al actual diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.
Entre los hallazgos más relevantes, la AGN detectó que la vigilancia de sustancias peligrosas en el ambiente no fue la adecuada; no se implementaron programas de monitoreo ni se estableció la Red Nacional de Laboratorios. Tampoco hubo mediciones de las emisiones de mercurio en el país en los rubros de explotación de gas y cementeras.
El proyecto auditado estaba a cargo de la Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo Global para el Medioambiente Mundial (GEF), que busca abordar estas deficiencias. Según el informe, “Argentina carece de un marco regulatorio y normativo suficiente, así como de capacidad de monitoreo, análisis y fiscalización para asegurar la gestión efectiva del ciclo de vida de las sustancias químicas perjudiciales”.
Entre los hallazgos del informe, se destaca la falta de capacidad operativa de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental para ejecutar una política de control ambiental efectiva. Además, no se han desarrollado capacidades de vigilancia de sustancias peligrosas, ni se ha establecido la Red Nacional de Laboratorios. De hecho, los auditores revelaron que “la actividad 40 del Programa 63″, destinada a la creación de una red de monitoreo ambiental, no ha registrado ejecución presupuestaria a pesar de tener un presupuesto asignado que a valores actuales superaba los 200.000 dólares.
“No se registró ningún avance en la ejecución de esta actividad. Las licitaciones para el desarrollo de la plataforma tecnológica no se llevaron a cabo en tiempo y forma, y las jornadas de trabajo previstas en distintas provincias para viáticos y gastos logísticos tampoco se realizaron. Como resultado, los recursos económicos asignados no se ejecutaron tal como estaba previsto”, escribieron los auditores y resaltaron que esto también se debió a que: “No se registró ningún avance en la ejecución de esta actividad, y los recursos asignados no fueron utilizados como estaba planificado, debido a retrasos en las licitaciones y la no realización de jornadas de trabajo previstas en las provincias”.
El informe también señala que Argentina no ha incorporado a su normativa la regulación de los contaminantes orgánicos persistentes incluidos en el Convenio de Estocolmo y que no se ha elaborado un plan nacional para la identificación de stocks de agroquímicos, “incumpliendo el artículo 6 del convenio que exige: “identificar, manejar y etiquetar los desechos que contienen Contaminantes Orgánicos Persistentes asegurando su almacenamiento, transporte y eliminación de manera ambientalmente racional” y “Prohibir la reutilización y el reciclaje de materiales que contengan contaminantes Orgánicos Persistentes”.
Este tipo de contaminación se descubrió en el basural a cielo abierto de Luján, el más grande del país. Una causa judicial iniciada por un grupo de vecinos, y que tramita en el juzgado federal de Mercedes, determinó que las napas estaban contaminadas con este tipo de productos, como bencenos, agrotóxicos, mercurio, plomo, arsénico, y hasta se llevaron estudios médicos que demostrarían que las familias más cercanas al basural tenían un mayor porcentaje de integrantes enfermos de cáncer.
En el expediente quedó claro que no había control por parte de las autoridades municipales, provinciales y nacionales sobre el control de vertido de sustancias tóxicas. La auditoría de la AGN también advierte que por parte de la ex cartera de Ambiente “no hay monitoreo de las emisiones reales de mercurio en sectores como la explotación de gas y cementeras”, en violación a las normas internacionales firmadas por el país.
El proyecto cuestionado por la AGN por sus graves incumplimientos y que pone en riesgo la salud de la población “incluye la ejecución de cuatro proyectos piloto para eliminar 370 toneladas métricas de desechos con contenido de mercurio y 100 toneladas métricas de pesticidas. Sin embargo, la ejecución presupuestaria ha sido baja, con una subejecución del 77,8% en 2019 y del 59,8% en 2020.”
El presupuesto total asignado para ese proyecto identificado como " PNUD ARG20/G27 “Gestión Ambientalmente Racional de COP, Mercurio y otras Sustancias Químicas” es de 8.930.250 dólares y está en vigencia hasta 2027, pero el país se expone a multas si no cumple con sus objetivos. Los fondos otorgados por el Fondo Global para el Medio Ambiente Mundial como el PNUD ARG20/G27 es un subsidio que recibe el país para mejorar la calidad del medio ambiente. Su ejecución es obligatoria.
Los Contaminantes Orgánicos Persistentes son sustancias químicas que pueden acumularse en el ambiente y en los alimentos. Son tóxicos y pueden transportarse llegando a lugares donde no se utilizaron. Entre ellos se encuentran los pesticidas, insecticidas organoclorados, el DDT, algunos plaguicidas, el bifenil policlorado (PCB), químicos industriales, dioxinas y furanos, entre otras sustancias, como el mercurio.
La auditoría concluye con una serie de recomendaciones, entre ellas, la necesidad de ejecutar el presupuesto asignado para la instalación de la Red Federal de Monitoreo, fortalecer la capacidad nacional de vigilancia de sustancias peligrosas, y coordinar las instancias de crédito y ejecución para un uso eficaz de los recursos públicos. También se recomienda incorporar a la normativa nacional la regulación de “dioxinas y furanos”. Estos compuestos, según la literatura científica, no se producen de manera intencional, sino que se generan como subproductos de actividades industriales como la quema de residuos —por ejemplo en basurales, como el de Luján— la producción de herbicidas y pesticidas, o la fabricación de productos que contienen cloro. Ambas sustancias están reguladas por la Convención de Estocolmo.
Este tratado obliga a los países signatarios —como la Argentina— a eliminar o reducir la producción y el uso de estos contaminantes, controlar las emisiones no intencionales y gestionar de manera segura los desechos que los contienen. Se enfoca en sustancias como el DDT, el Bifenilos Policlorados, dioxinas y Furanos. También exige identificar y gestionar la eliminación de stocks de plaguicidas obsoletos, y desarrollar una plataforma de trazabilidad en línea para envases vacíos de fitosanitarios.
Los auditores también destacaron la “falta personal capacitado para los cursos sobre tratamiento de residuos peligrosos, remediaciones ambientales, clasificación y etiquetado de productos químicos, entre otros”.
El informe de la AGN destacó que la gestión adecuada de compuestos orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas es “prioritaria” y demanda “políticas públicas sólidas”. En este sentido, los auditores remarcaron que se debe mejorar la vigilancia de la presencia de Contaminantes Orgánicos Persistentes y mercurio en el ambiente.
La Auditoría subrayó la importancia de prevenir la disposición inadecuada de residuos de mercurio en rellenos sanitarios y basurales, prohibir el vertido de estos residuos en lugares inadecuados, implementar programas de recolección y gestión especializados, promover la educación y la concientización, mejorar las capacitaciones de los trabajadores y “fortalecer la fiscalización”. Para la AGN estas “son medidas clave para prevenir los riesgos asociados al mercurio”.
Por último, el informe recuerda : “El mercurio que es emitido y liberado a vías directas (agua, aire y suelo) se genera, principalmente, por el consumo de productos con mercurio añadido”, entre ellos se destacan termómetros, lámparas fluorescentes, amalgamas dentales, baterías, interruptores, manómetros y barómetros. También hay productos farmacéuticos que contienen mercurio, aunque en muy bajas dosis.
El gran desafío de Argentina es avanzar en la prohibición y comercialización de los productos con mercurio añadido y en fortalecer los sistemas integrales de gestión de residuos, incrementando la capacidad de tratamiento y disposición final”, concluye en informe de la AGN en una clara alusión a los basurales a cielo abierto, entre otros lugares en lo que se realizan vertidos clandestinos y en la producción de gas y cemento.
