El Gobernador Rogelio Frigerio anunció recientemente la inminente presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), intervenido por el Gobierno provincial desde diciembre.
Sin embargo, el laborioso proceso para llevar adelante esta denuncia podría extenderse en el tiempo, retrasando su llegada a los Tribunales e implicando una ampliación en la duración de la intervención del Iosper, más allá de lo inicialmente previsto para junio.
La Comisión Fiscalizadora del Iosper, encargada de fiscalizar internamente, debe seguir una serie de trámites institucionales y burocráticos que retrasan el inicio de una posible investigación judicial sobre la gestión de los ex Directores de esta obra social tan significativa en Entre Ríos.
El proceso incluye el envío de pruebas por parte de la intervención a la Comisión Fiscalizadora, la posterior elevación de estas pruebas al Tribunal de Cuentas de la Provincia, para finalmente llegar al ámbito judicial y, eventualmente, a los Tribunales. Las presuntas irregularidades descubiertas incluyen marcados sobreprecios en medicamentos de alto costo, graves problemas en la entrega de prótesis, y la detección de empleados ausentes en sus puestos de trabajo.
En el caso de las prótesis, se identificó un esquema de acuerdos desventajosos con un reducido grupo de empresas, resultando en un contrato poco beneficioso para el Iosper y sus afiliados, cuyos servicios no coincidían con los montos abonados.
La magnitud de las irregularidades es evidente: antes de la intervención, había alrededor de 1.200 cirugías pendientes de realizarse, con la particularidad de que la selección de las prótesis a utilizar quedaba en manos de las ortopedias, quienes decidían quiénes serían intervenidos.
El patrón de conducta observado delata un favoritismo perjudicial para la obra social y sus miembros, en detrimento de un accionar ético y equitativo. Ante esta situación, la intervención anticipó la rescisión de contratos justificada, la apertura de licitaciones y la firma de nuevos convenios bajo un formato más transparente y controlado.
