Sergio Varisco afrontará desde este jueves un juicio inédito en la historia judicial entrerriana, con treinta y tres acusados, en el que se ventilarán supuestas relaciones entre la política y el narcotráfico, y con el intendente de Paraná en el centro de la escena.
En un mismo juicio se debatirán dos causas que tienen como punto de contacto el nombre de Daniel Andrés Celis, alias Tavi, que cayó, primero, cuando desbarató una organización dedicada a la venta de marihuana y que se desarticuló el día que policías irrumpieron en un campo en el mismo momento en que estaban bajando 317 kilos de droga de una avioneta; y, más tarde, por la caída de una nueva banda que lideraba el mismo Celis desde la cárcel, supuestamente, financiada con fondos públicos, pero que vendía cocaína.
Sin embargo, lo que surgió como una sospecha al principio se transformó luego en una hipótesis que ahora deberá terminar de confirmar el Tribunal Oral Federal: la primera causa reveló una especie de acuerdo político entre Celis y Varisco, pero en la segunda se plantea la sospecha de que había en realidad una complicidad entre funcionarios municipales y narcotraficantes, de que ambos formaban parte del negocio.
Concretamente, el intendente Varisco está acusado por el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes.
Para decirlo más claramente, en la primera causa, aquella de la narcoavioneta, el juez había advertido sobre la “imprudencia” del entonces candidato a intendente Sergio Varisco en celebrar “acuerdos electorales y de gestión” con Celis.
Pero lo que surgió más adelante fue que luego ese acuerdo se habría reconfigurado y que eso le permitió a Celis reorganizar sus actividades de comercialización de cocaína a partir de que el intendente aportaría todos los meses una suma de dinero en efectivo y contratos en la Municipalidad para personas allegadas al jefe de la banda de narcotraficantes.
En ese nuevo esquema, siempre según la hipótesis de los acusadores, participaban la funcionaria Griselda Bordeira, que además es policía provincial; y el concejal Pablo Hernández, ambos detenidos.
Seguramente un personaje central en este juicio será Luciana Ernestina Lemos, ex pareja de Celis, su principal asistente y la encargada de hacer cumplir aquel acuerdo político. Cuando fue detenida, además de cocaína, le encontraron hallaron dos cuadernos con anotaciones en los que aparecen mencionados los nombres de Varisco, Hernández y Bordeira y del también concejal Emanuel Gainza –que luego terminó sobreseído–, cada uno sucedido por una letra enmarcada con un círculo y una operación aritmética. Lemos declaró como arrepentida y contó que los funcionarios municipales compraban cocaína que les vendía Celis, dijo que en una ocasión hizo una entrega en el palacio municipal, detalló cómo era el funcionamiento interno de la organización, los ingeniosos mecanismos de comunicación que tenía y, fundamentalmente, le dio sentido a las anotaciones que había en los cuadernos.
Los defensores han mencionado contradicciones en sus declaraciones y aseguran que miente.
“Ese famoso cuaderno que mencionaba a Varisco, Bordeira, Gainza y Hernández, que generó los allanamientos en el municipio y que se detuviera gente, ya no es ni siquiera par
