La Oficina de Estadística del Consejo de la Magistratura había contabilizado en la primera mitad del año 961 casos de concurso preventivo de acreedores y para esta segunda mitad del año se espera que la cifra sea incluso mayor.
La tensión se concentra en la cadena de pagos: aquellas empresas con documentos por cobrar, al pagar las tasas de interés que en un banco público como el banco Provincia son del 94% anual más comisiones (o 79,95% si es para el descuento de certificados de obra), terminan recibiendo ingresos con los que difícilmente cubren sus costos, lo que tensiona la relación con sus proveedores, los cuales a su vez enfrentan el mismo dilema.
"Tampoco hay que engañarse tanto: hay muchas empresas que con estas tasas están entrando a la convocatoria de acreedores, y quizás hasta les conviene porque por ahí salen más fortalecidas", afirme el economista Fausto Spotorno de la consultora de Orlando Ferreres.
En efecto, muchas empresas se juegan su supervivencia en los juzgados porque entrar en un concurso preventivo congela hasta por dos años los intereses de los créditos contraídos y conseguir una renegociación con los proveedores da aire a las empresas que están al borde de la asfixia. Además se frena el pago de indemnizaciones por despidos y hasta los reclamos de deudas impositivas de la AFIP. Un oxígeno no menor en un marco de severa recesión.
Pero no es todo color de rosas: el embargo de las cuentas, la suspensión de los contratos y las demás restricciones legales para asegurar los pagos deja a las empresas maniatadas en su operatoria y sin capacidad de acceder a nuevo capital de trabajo.
Para las empresas es una apuesta arriesgada la de jugarse su supervivencia por la vía judicial y exponerse a la decisión de un juez de dictaminar el levantamiento de los embargos o bien, que la empresa siga su curso a la quiebra.
Como sea, la apelación a un remedio tan extremo habla de la gravedad de la crisis en curso. Por ejemplo, en Santa Fe la Secretaría de Producción tiene identificadas unas 250 pymes al borde de la quiebra y ya en la primera mitad del año, la justicia cordobesa estimaba que terminaría el año con un 50% más de concursos que en 2017. Es que en Rosario está instalado el principal polo de producción de heladeras del país que demanda unos cinco mil puestos de trabajo. Sin embargo, por la caída en las ventas y el ingreso de las importaciones comenzó a impactar fuertemente en la actividad.
En la UOM advirtieron que en dos de las firmas más importantes, Bambi y Briket, peligran unos 600 puestos de trabajo mientras que en la industria carrocera hay incertidumbre por el destino de otros 500. "Hay mil puestos de trabajo en riesgo en las próximas semanas si no se reactiva la economía doméstica y se paran las importaciones" advirtió preocupado el secretario de la UOM.
Para Spotorno no es casualidad que las empresas más complicadas sean de alimentos, orientadas al consumo interno y que hayan tomado deuda en dólares. "En general las empresas que han estado acumulando deuda están en serias dificultades para refinanciarse por las tasas", acotó el especialista que sigue viendo en las energéticas un buen sector para la llegada de inversiones.
Por el contrario advierte que las empresas industriales van a estar más complicadas: "Casi todas las ramas industriales pueden tener algún tipo de problema porque, con las tasas alta
