El allanamiento a la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner en Uruguay y Juncal llevaba algo más de diez horas al cierre de esta edición y hasta ese momento la Policía Federal no había encontrado nada. Había empezado pasadas las 12 del mediodía, cuando el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, abrió la puerta al equipo de agentes con trajes blancos y azules. Como es habitual en este tipo de situaciones, el defensor se quedó a presenciar el procedimiento e incluso acompañó a los policías en una primera recorrida por el departamento que fue filmada. Cuando llegaron a la cocina, sonó el teléfono del jefe del operativo y llegó la orden desde el juzgado de Claudio Bonadio de que Beraldi se retirara. Sorprendido, pidió que verificaran la información ya que estaban contrariando las normas procesales, pero le insistieron en que abandonara el lugar y se llevara sus efectos personales. Hoy –anunció– pedirá la nulidad de lo actuado, y denunciará penalmente al juez y pedirá su juicio político ante el Consejo de la Magistratura. También se hizo un allanamiento en un inmueble en Río Gallegos, donde fueron llevados como testigos a dos integrantes de un colectivo de jubilados que acompañó la campaña de Cambiemos el año pasado. Allí en tres horas y media fue revisado el lugar, de donde la policía salió con algunas cajas con elementos incautados. Queda pendiente el allanamiento a la casa de El Calafate.
Quedó a la vista que todo el despliegue estuvo pensado en función de los medios: el allanamiento comenzó exactamente a la hora de los noticieros del mediodía y, como se presuponía que no habría ningún hallazgo escandaloso, se extendió hasta después de los noticieros de la noche. Mientras tanto, a lo largo de las horas, se mezclaban vecinos y transeúntes curiosos, algunos enojados, con gente que iba a dar apoyo a CFK. Cuando llegó el equipo policial le leyeron a Beraldi la orden firmada por Bonadio, que decía que buscaban agendas, teléfonos celulares, dispositivos informáticos y elementos de valor en general. También fueron llevados dos testigos, algo obligatorio. No había nadie del juzgado ni de la fiscalía en el lugar. Hacia la noche, en la Policía Federal atribuían la extensa duración del procedimiento al uso de scanners y un baroscopio (o baróscopo). Este último cumple la misma función que un endoscopio en medicina y se suele usar en la industria automotriz, naval y aeronáutica para inspeccionar zonas o cavidades de difícil acceso, con ayuda de una luz blanca, y mostrar las imágenes en una pantalla. Había varios equipos trabajando (unas treinta personas en total): Policía Científica, perros detectores de dinero, bomberos, agentes de Operaciones federales que inspeccionan y documentan todo en actas. También hubo peritos tasadores de cuadros y alhajas, del Banco Ciudad.
–Lo que usted está haciendo es ilegal –le dijo Beraldi al policía que anunció que debía irse del departamento y no podría presenciar el procedimiento.
–Es la indicación que tenemos–, respondió el agente, después de la llamada del juzgado.
Más tarde, Beraldi explicaría el tenor de la irregularidad. “Primero, esto es un alzamiento contra la Cámara de Senadores, donde se discutió específicamente la cuestión de la presencia del abogado, y el senador Miguel Angel Pichetto dijo que no hace falta aclarar algo q
