La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado este jueves, que lleva la firma de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia; en el que calificó la reciente veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) como una medida ilegítima, basada en “hechos falsos” y “con una clara finalidad política”.
La medida, impulsada por el inspector Daniel Vítolo, surgió tras denunciar “graves irregularidades” y la supuesta falta de información contable sobre el destino de millones de dólares, además de cuestionar la validez del nuevo domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, al cual calificaron como una “sede social falsa”.
Según el organismo de control, esta veeduría busca verificar la documentación financiera sin que ello implique, por el momento, una intervención o sanción directa contra la asociación.
En respuesta, la AFA emitió un duro comunicado oficial donde rechazó tajantemente la medida y anunció acciones legales. La entidad sostuvo de manera textual: “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”.
Y la nota concluyó con una declaración de principios sobre la autonomía de los clubes: “Señor Inspector General de Justicia, si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de ‘graves irregularidades’ si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial. Quieren que seas cliente. Pero sos parte. Quieren que seas espectador. Pero sos protagonista. Porque sin vos no hay clubes. Sin vos no hay historia. Sin vos no hay fútbol. El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende“.
En la publicación, la asociación cuestionó el carácter de la veeduría a la que buscan someterla y la trató de una “contradicción”. “Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en ‘graves irregularidades’? Si fueran graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones, pero no lo hace. ¿De qué ‘gravedad’ estamos hablando?“, acusó.
Señaló que, si no hay gravedad, entonces la veeduría “es un capricho” y, por ende, se trata de una “utilización política de un organismo de control”.
La entidad deportiva desmintió las acusaciones de morosidad contable y apuntó contra la propia IGJ al afirmar que “lo que califica de ‘grave’ es, en realidad, la morosidad de sus propios empleados para resolver esas vistas [administrativas]”. Sobre esto, sostuvo que los balances de los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados “en tiempo y forma” y que se encuentran con “vistas pendientes de contestación”.
Desde la AFA refirieron que el balance 2025 no fue presentado ante la IGJ porque la entidad tiene su domicilio legal inscripto en territorio bonaerense desde noviembre de 2024. “Si la IGJ cuestiona esa inscripción, el conflicto debe dirimirlo la Corte Suprema, no una medida unilateral”, arremetieron.
También hablaron de las acusaciones de que la sede de Pilar es falsa por la ausencia de oficinas en el predio y señalaron que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente en un trámite “válido y vigente”.
Respecto al trasfondo del conflicto, el comunicado advirtió que no se trata de una fiscalización técnica, sino de una maniobra para “ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA”.
“Lo que antes fue persecución contra una dirigente opositora, hoy es control institucional contra el fútbol argentino. La única diferencia es el destinatario. La metodología es la misma. Y la justicia ya habló: ese método es nulo”, apuntaron.
La conducción de Tapia confirmó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia para desestimar la resolución, evocando el precedente de nulidad en el caso de la intervención al instituto de Patricia Bullrich.
La AFA vinculó directamente el accionar del organismo con la frase de la IGJ que menciona la “nueva Argentina del Presidente Javier Milei”, denunciando que “esa confesión deja al desnudo la verdadera naturaleza de la medida” y que se trata de una “utilización política de un organismo de control”.
El comunicado de este jueves no hace sino confirmar lo que se intuía en el conflicto: la judicialización de la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar. El Ministerio de Justicia, del que depende la IGJ, había anunciado el miércoles que avanzaba hacia la imposición de una veeduría en la AFA.
Mientras tanto, el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, aseguró en declaraciones radiales y televisivas que ni la decisión de la provincia de confirmar la inscripción de la AFA en su territorio ni la posterior judicialización pueden impedir la instalación de veedores.
En rigor, la autoridad de control quiere saber adónde fueron a parar unos US$ 111 millones de dólares cuya información la AFA -según la IGJ- aún no proveyó en detalle, más allá de los últimos pedidos que le hicieron. Ese será el trabajo de los veedores en caso de que sean efectivamente nombrados.
