La sentencia dictada por el juez Larocca Rees en los Tribunales de Concordia deja al descubierto una trama de corrupción protagonizada por Mariano Guerrero, presidente de la Sociedad Mutual de Músicos de Concordia, y Delia Catalina Martínez, secretaria de la institución. Tras un juicio abreviado, se determinó que ambos fueron responsables de una serie de delitos que incluyeron administración fraudulenta, falsificación de documentos públicos y destrucción de medios probatorios en perjuicio de la mutual.
La maniobra fraudulenta tuvo como epicentro la venta a precio vil de un inmueble perteneciente a la entidad, ubicado en la calle Sarmiento 563 de Concordia, a favor de la empresa INFINET S.A.S. Los acusados, en colaboración con el tesorero Carlos Alcides González, utilizaron artimañas para simular la aprobación unánime de los socios de la mutual en la transacción.
Dentro de las irregularidades detectadas, se encontró la alteración y destrucción de documentación oficial de la mutual, incluyendo el libro de actas habilitado por el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos. La manipulación de este material incluyó la eliminación de páginas y la falsificación de firmas de socios que supuestamente habrían avalado la venta del inmueble.
El proceso judicial se desarrolló gracias a la denuncia presentada por los músicos Omar Kueider y Mauricio Vázquez, quienes evidenciaron las prácticas irregulares en la gestión de la mutual. Tras una exhaustiva investigación, se pudo determinar que la venta del inmueble se realizó por un valor considerablemente inferior al estimado previamente, generando un perjuicio económico para la entidad.
En el marco de la resolución judicial, se estableció que Mariano Guerrero fue condenado a tres años de prisión condicional por su rol como autor material de los delitos de administración fraudulenta, uso de documento público falsificado y destrucción de medios probatorios. Por su parte, Delia Martínez recibió la misma condena como partícipe necesaria en los mismos delitos, además de la responsabilidad en la destrucción de pruebas.
La Justicia también notificó a las entidades relevantes en el ámbito de las cooperativas y mutuales sobre el caso, subrayando la importancia de garantizar la transparencia y legalidad en la administración de este tipo de organizaciones.
Ante la propuesta de reintegrar el inmueble por parte de Guillermo Schmidt, representante de INFINET, a cambio de su sobreseimiento y el reintegro del dinero secuestrado, el abogado Juan Domingo Gallo manifestó su oposición, argumentando la necesidad de esclarecer el origen de los fondos involucrados en la operación.
La condena a Mariano Guerrero y Delia Martínez representa un hito en la lucha contra la corrupción en el ámbito de las asociaciones mutualistas, evidenciando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de entidades que involucran intereses colectivos.
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