A través del decreto 1039/2024, el Poder Ejecutivo ha modificado y eliminado la facultad de la Administración Nacional de Seguridad Social para otorgar y gestionar créditos. Esta medida se justifica en la necesidad de preservar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Esta decisión se enmarca en una revisión de los préstamos concedidos en 2023 bajo la denominación de "Créditos ANSES" durante el gobierno de Alberto Fernández. Según argumentan, se detectó una gran disparidad en el Costo Financiero Total, que se expresó mediante una Tasa Efectiva Anual.
Uno de los puntos destacados es la diferencia entre la Tasa Nominal Anual del 50% ofrecida en los créditos y la inflación anual del 211,4%. Esto lleva a señalar que conceder préstamos con tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios, en detrimento de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El objetivo del FGS no es fungir como un fondo crediticio, sino más bien garantizar la sostenibilidad del sistema previsional, por lo que sus activos deben ser invertidos de manera que aseguren la preservación de su valor.
Por tanto, el decreto argumenta que la actividad de financiamiento puede ser realizada de forma más eficiente y competitiva por el sector privado, por lo que se ordena eliminar la facultad de la Administración Nacional de Seguridad Social de otorgar y gestionar créditos.
Esta medida, promovida por el gobierno de Milei, se enmarca en las competencias conferidas por la Ley de Bases para modificar las atribuciones de organismos creados por ley o normativas de igual jerarquía.
En palabras del decreto, esta acción se ajusta a las bases estipuladas en la Ley N° 27.742 y busca mejorar el funcionamiento del Estado, permitiendo una gestión pública más eficiente en beneficio del bien común y optimizando las competencias de la Administración Nacional de Seguridad Social.
