El Gobierno implementó la disolución de diversos programas sociales gestionados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. A través de diferentes resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de la ministra Sandra Pettovello, decidió reorganizar las iniciativas dirigidas a los sectores más vulnerables, especialmente niños y adolescentes en situación de riesgo.
Esta medida, establecida a través de las resoluciones 201/2025, 202/2025, 203/2025 y 205/2025, se enmarca en un proceso de reestructuración administrativa con el propósito de incrementar la eficiencia y optimizar el uso de los recursos públicos. Pettovello y su equipo argumentan que la eliminación de estos programas busca reducir la duplicación de funciones y fortalecer la coordinación entre diferentes áreas, asegurando una mayor transparencia y eficiencia en la asignación de los fondos públicos.
Dentro de las iniciativas que fueron eliminadas se encuentran el Programa Nacional de Inclusión e Integración de Jóvenes, destinado a favorecer la inclusión social de jóvenes entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad, brindándoles recursos y estrategias para su integración social. Asimismo, se suprimió la iniciativa de Abordaje Comunitario "Abrazar Argentina", enfocada en la asistencia a personas en condiciones de vulnerabilidad social y emergencias, particularmente durante fenómenos climáticos.
Otro programa afectado fue el de Asistencia por Situaciones de Emergencias Climáticas y Catástrofes Naturales o Accidentales, que concedía subsidios a entidades perjudicadas por desastres naturales, así como el Programa Federal de Intervención Directa y Ayudas Urgentes, que otorgaba subsidios para atender situaciones de extrema vulnerabilidad social y urgencias derivadas de desastres naturales o crisis sociales.
El Ministerio justifica la eliminación de estas iniciativas en la necesidad de reestructurar y consolidar diversas propuestas que, según el Gobierno, eran redundantes o carecían de una medición efectiva de resultados. Estas medidas se enmarcan en una readecuación más amplia de las políticas públicas, realizada bajo la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que establece una emergencia administrativa y financiera por un año. De acuerdo con esta normativa, el Gobierno debe tomar decisiones urgentes para optimizar la asignación de los recursos públicos y garantizar la efectividad de las políticas sociales.
La unificación de programas y la racionalización de los recursos, según las resoluciones, permitirán una mayor transparencia y una mejor utilización de los fondos destinados a los sectores más vulnerables. De este modo, se asegura que los recursos se dirijan hacia programas efectivos, garantizando un impacto real en las comunidades necesitadas. La reestructuración tiene como objetivo evitar el desperdicio de recursos públicos y asegurar la eficacia de los programas sociales, buscando una mayor transparencia en el uso de los fondos y una mejor coordinación de las políticas públicas destinadas a la infancia y juventud en Argentina.
