Una docente llamada María Lorena Cergneux, que trabaja en la Escuela Secundaria N° 7 Héroes de Malvinas en Concepción del Uruguay, presentó un recurso de amparo ante la Justicia para impugnar la decisión del Consejo General de Educación (CGE) de descontarle los dos días de paro realizados los pasados 25 y 26 de septiembre, así como por considerar excesivos los descuentos salariales aplicados en su liquidación final.
Según indicó, el descuento ascendió a $240.102,02, a pesar de no haber faltado injustificadamente a su trabajo en octubre de 2024. Esta deducción representó una reducción del 23% de su sueldo. Además, afirmó que el descuento se realizó bajo un código desconocido para ella, sin su autorización, desconociendo también a qué conceptos correspondían esas retenciones al no contar con un respaldo legal que lo respaldara.
En su presentación ante la jueza Laboral N° 1 Gladys Pinto, Cergneux explicó que al adherirse a las medidas de fuerza del gremio los días 25 y 26 de septiembre, el descuento aplicado fue mayor de lo correspondiente. Mencionó que se debería haber descontado $133.200,28 en lugar de la cantidad casi un 100% mayor que se le retuvo.
Los abogados Maximiliano Barrera y Mariana Sanzberro, en representación del Consejo de Educación, objetaron la vía del amparo para reclamar, argumentando que el CGE había establecido un procedimiento administrativo llamado Reglamento de Reclamo por Errores en las Liquidaciones (RELI) el 1° de noviembre, accesible a través del sistema SAGE, que permitía corregir errores de forma ágil y eficiente.
Por otra parte, la jueza Pinto señaló que el CGE cuenta con un sistema de control de asistencia para docentes (SAGE) que prioriza la declaración jurada del docente frente a la información de los directivos. Concluyó que la docente no cumplió con este proceso y, por lo tanto, el descuento por inasistencias fue correcto según su recibo de sueldo.
La magistrada criticó que la docente no presentara reclamo administrativo en el RELI antes de acudir al amparo, sugerente que de haberlo hecho, habría obtenido la rectificación del descuento incorrecto. En base a esto y a jurisprudencia de la Corte Suprema, el amparo fue rechazado y la docente debió hacerse cargo de los honorarios legales, fijados en $1,5 millones.
