Hasta el momento, el 96% de los empleados públicos evaluados ha aprobado los exámenes de idoneidad promovidos por el Gobierno de Javier Milei. Como consecuencia de estos resultados, el sindicato sigue insistiendo en que se regularice la situación de los contratados temporales o monotributistas.
Este mes dio inicio el proceso de evaluación de los trabajadores de la Administración Pública que necesitan renovar sus contratos antes del 31 de diciembre, como lo ha establecido el Ministerio de Transformación y Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger.
De acuerdo con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, de un total de 4156 empleados evaluados, 4002 han aprobado el examen. Estos resultados representan alrededor del 10% de los trabajadores que serán evaluados durante este mes, un grupo que abarca aproximadamente a 40.000 funcionarios públicos.
Aguiar expresó su opinión respecto a la situación, criticando la gestión de los nuevos funcionarios del Estado. Según él, son ellos los que no están cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades y no los empleados públicos.
En cuanto a la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, Aguiar considera que los trabajadores de la Administración Pública tienen derecho a la estabilidad laboral y a ser incorporados efectivamente en la planta permanente del Estado.
Tras los primeros resultados de las evaluaciones, Aguiar hizo hincapié en la necesidad de implementar un mecanismo que permita evaluar la capacidad de gestión de los directores, secretarios, subsecretarios y ministros.
La preocupación de Aguiar radica en que los empleados evaluados se encuentran en una situación laboral precaria, ya que no forman parte de la planta permanente del Estado y sus contratos temporales o la condición de monotributistas les impiden tener una estabilidad laboral garantizada.
Durante el año 2024, el Gobierno ha reducido la planta del Estado en 30.936 puestos de trabajo, afectando especialmente a sectores como la Administración Central, el Correo Oficial, la ANSES, el CONICET y AySA.
A pesar de que la aprobación del examen no asegura la reincorporación laboral, será un requisito indispensable para continuar en el puesto presentar el "certificado de idoneidad". Los empleados fueron evaluados en aspectos como comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y conocimientos en administración pública.