El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804, conocida como la nueva Ley de Glaciares, mediante el Decreto 271/2026. Esta normativa introduce cambios profundos en el régimen de protección de las reservas de agua dulce en Argentina y fue publicada en el Boletín Oficial tras un proceso parlamentario marcado por tensiones y debates intensos. El 8 de abril, el oficialismo logró aprobar la reforma en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor y 111 en contra, en una sesión caracterizada por la paridad y la resistencia de organizaciones civiles que intentaron frenar la aprobación hasta último momento.
La reforma implica un cambio significativo en la gestión de los glaciares, ya que elimina la estructura centralizada que regía desde 2010 y transfiere las competencias a las provincias. Ahora, cada gobernador tiene la facultad de establecer los criterios técnicos para definir qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares deben ser protegidos. Esta “provincialización” de la regulación reemplaza la protección uniforme y estricta establecida por la ley original, lo que significa que aquellas zonas que no cumplan con los nuevos parámetros locales podrían perder su estatus de protección especial y quedar expuestas a actividades económicas extractivas.
Desde el movimiento ambientalista, esta modificación es considerada una derrota histórica y un retroceso en materia de derechos ambientales. La principal preocupación radica en que la fragmentación de criterios técnicos puede facilitar la reactivación de proyectos mineros y extractivos en áreas que antes estaban protegidas por el Inventario Nacional de Glaciares. Los activistas advierten que al dejar la protección en manos de las provincias, muchas de las cuales tienen intereses en la explotación de recursos naturales, se viola el principio de progresividad ambiental, que establece que las nuevas leyes no pueden ser menos protectoras que las anteriores.
La reacción de la sociedad civil no se hizo esperar y la disputa ahora se traslada a la Justicia. Diversas organizaciones sociales y asambleas ciudadanas convocan a una demanda colectiva para declarar la inconstitucionalidad de la norma. El argumento principal es que los glaciares, al ser reservas de agua que alimentan cuencas compartidas por varias provincias, no pueden ser gestionados de forma aislada por cada jurisdicción, ya que su deterioro afectaría un bien común de carácter superior. Mientras el Gobierno sostiene que la ley representa un avance hacia el federalismo y el desarrollo económico, los ambientalistas alertan que se está comprometiendo la seguridad hídrica futura a cambio de beneficios económicos inmediatos.
