El ministro Luis Caputo ya había anticipado su postura al suspender la audiencia pública programada para el 5 de noviembre, en la que se definirían las nuevas tarifas para las empresas de transporte eléctrico, y al desactivar la convocatoria para la audiencia destinada a actualizar el margen de las distribuidoras que operan bajo jurisdicción federal.
Desde entonces, quedó en claro que las nuevas tarifas de luz y gas no se implementarían antes del 31 de diciembre, como se había previsto en el DNU 55 que declaró la emergencia energética a finales del año pasado. A pesar de ello, se aguardaba la confirmación de esta prórroga, la cual se hizo efectiva ayer a través del DNU 1023 publicado en el Boletín Oficial.
El DNU 1023 extiende formalmente, en su artículo 1, la emergencia energética en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, así como en el transporte y distribución de gas natural, hasta el 9 de julio de 2025. Por otro lado, el artículo 3 pospone la entrada en vigor de los nuevos cuadros tarifarios que surgirían de una revisión integral, mientras que el artículo 5 extiende la intervención de los entes reguladores hasta la constitución del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, tal como establece la Ley Bases.
En los considerandos de la norma, se vuelve a hacer hincapié en la "herencia institucional, económica y social gravísima" dejada por el gobierno anterior, como principal argumento para justificar las prórrogas.
