El debate político en Entre Ríos se intensificó tras la difusión de un comunicado conjunto del Partido Justicialista, los bloques de senadores y diputados provinciales y la Liga de Intendentes, donde manifestaron su “preocupación” por el proyecto de reforma previsional que el gobernador Rogelio Frigerio enviará esta semana a la Legislatura.
Desde el peronismo provincial indicaron que la iniciativa “implica un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos”. Además, advirtieron que las medidas trasladan el peso del déficit previsional “a quienes menos margen tienen para afrontarlo”.
El documento destacó que el proyecto propone “aumentar aportes, extender condiciones y modificar reglas de cálculo sin estudios actuariales serios que justifiquen la magnitud del sacrificio exigido”. Según señalaron, esto impactará directamente en trabajadores activos y jubilados, cuyos ingresos “ya vienen perdiendo frente a la inflación”.
El comunicado también cuestionó la interpretación que, según el PJ, realiza el Ejecutivo provincial sobre el sistema previsional. “El proyecto consolida una interpretación equivocada del sistema: pretende hacer creer que el problema son los haberes, cuando en realidad el deterioro proviene de salarios activos deprimidos”, afirmaron.
En esa línea, alertaron que cualquier modificación en las condiciones actuales “terminará profundizando la pérdida de ingresos de toda la cadena previsional”. El espacio opositor insistió en que el problema estructural del sistema no puede resolverse mediante recortes sobre jubilados o empleados estatales.
Uno de los puntos más sensibles del comunicado fue la crítica al 82% móvil. Desde el PJ afirmaron que con esta reforma “el 82% móvil deja de ser una garantía real” debido a las modificaciones en las condiciones de cálculo de los haberes jubilatorios.
Explicaron que al extenderse los períodos considerados para calcular el haber inicial y ante la falta de reglas claras para su actualización, “el resultado concreto será una reducción del haber inicial y de su evolución en el tiempo”.
“Esto implica que los futuros jubilados cobrarán menos en relación a su salario en actividad, rompiendo uno de los principios históricos del sistema previsional”, expresaron en el comunicado difundido este martes.
Además, criticaron que el proyecto no garantice “un mecanismo claro y justo de actualización”. En ese sentido, señalaron que vincular la movilidad jubilatoria a variables salariales o paritarias “que vienen sistemáticamente por debajo de la inflación” provocará una pérdida progresiva del poder adquisitivo. “Esto afecta tanto a jubilados como a activos, ya que deteriora progresivamente toda la estructura del sistema”, indicaron.
Otro aspecto cuestionado fue el aumento de la edad jubilatoria previsto para los nuevos afiliados. El PJ sostuvo que el proyecto fija la edad de retiro en 68 años para quienes ingresen al sistema público provincial, lo que convertiría a Entre Ríos en una de las jurisdicciones con mayor exigencia etaria del país.
“El proyecto establece la edad jubilatoria en 68 años para los nuevos afiliados, la más alta del sistema público argentino, sin ningún estudio previo sobre expectativa de vida activa o empleabilidad en edades avanzadas dentro del sector público provincial”, afirmaron.
También criticaron la unificación de la edad jubilatoria en 65 años para trabajadores actuales y 68 para futuros ingresantes, al considerar que “ignora las brechas de género preexistentes y las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen las mujeres”. Según el comunicado, esta modificación implica “una carga desproporcionada para las trabajadoras”, que enfrentarían un incremento de hasta ocho años en su edad de jubilación.
En otro tramo, el Partido Justicialista y los intendentes entrerrianos alertaron sobre el impacto financiero que la reforma podría generar en los municipios. Señalaron que el aumento de las contribuciones patronales y la posibilidad de que sean modificadas “discrecionalmente” representará una mayor presión económica sobre las administraciones locales.
“Los municipios también serán directamente perjudicados”, remarcaron, y añadieron que la medida podría comprometer “su funcionamiento y la prestación de servicios esenciales”.
Asimismo, el PJ criticó la “enorme discrecionalidad” otorgada al Poder Ejecutivo provincial, que “se lo faculta a modificar aportes, contribuciones y condiciones del sistema sin límites claros, incluso por fuera del debate legislativo”.
Para el peronismo entrerriano, el proyecto habilita una “delegación de facultades que vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura”. Además, advirtieron que la declaración de emergencia previsional “se utiliza como excusa para avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto”.
Finalmente, desde el PJ adelantaron que darán “todo el debate que sea necesario” cuando el proyecto sea tratado en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda. También indicaron que convocarán a representantes de trabajadores activos, jubilados y gobiernos municipales para analizar el alcance de la iniciativa.
“Defenderemos el 82% móvil real y efectivo. Rechazamos cualquier ajuste sobre jubilados y trabajadores activos. No aceptamos que se traslade el costo del sistema a los municipios”, afirmaron. Además, reclamaron “reglas claras de actualización que protejan el poder adquisitivo” y reiteraron su rechazo a “la delegación de facultades que concentran poder en el Ejecutivo”.
En el cierre del comunicado, el Partido Justicialista sostuvo que “es el momento de convocar a un debate serio, con datos, con transparencia y con responsabilidad política”. Y concluyó: “Entre Ríos necesita un sistema previsional sustentable. Pero sustentable para los trabajadores, no a costa de ellos”.
