El exdiputado provincial José Ángel Allende firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció un crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares y tendrá que entregarle al Estado provincial una propiedad que posee el Parque Urquiza de Paraná (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 de la capital entrerriana, (tasada en 378 mil dólares).
En tanto, admitió el delito de negocios incompatibles con la función pública y deberá pagar por ello una multa de 3 millones de pesos. Asimismo, deberá cumplir una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y será inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos por las amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez y al periodista Martín Carboni, publica el sitio El Entre Ríos.
Juicio abreviado
De la mano del abogado Leopoldo Lambruschini, se terminó de formalizar el 28 de mayo el acurdo de juicio abreviado. Allende dejó establecido que reconocía todos los delitos que se le imputaban.
El informe del enriquecimiento ilícito, según el escrito final del Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal, dejó establecido que el exdiputado tuvo un crecimiento patrimonial sin justificar de 1.069.841 dólares. Por ello fue que se acordó el decomiso de bienes inmuebles, cuyo valor de tasación en dólares es mayor a la totalidad del producido por delito que surge del monto del enriquecimiento no justificado. Por ende, se dispuso el decomiso del inmueble de calle Laprida 152 de Paraná, de más de 340 metros cuadrados y valuado en 378.289 dólares y, a la vez, de su propiedad de cuatro pisos en calle Juan José Castelli 10, de 199 metros cuadrados, valuado en 726.922 dólares. O sea que la suma es de 1.105.211 dólares.
A la vez, se le impuso una multa de 3 millones de pesos, que sería el equivalente al 60% del valor del enriquecimiento, en pesos.
Y se impone una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, se estableció, como norma de conducta por el plazo de dos años: "la prohibición de realizar cualquier tipo de actos violentos, molestos y/o perturbadores a las víctimas y sus grupos familiares, por sí o por interpósita persona"; "realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y la libertad de expresión" que se determine desde la justicia; "la prohibición de verse involucrado en cualquier comportamiento violento".
El decomiso de los bienes es en favor del Estado provincial. Y en el acuerdo quedó establecido que, a entender del Ministerio Público Fiscal "se entiende oportuno asignar el inmueble a decomisar, de calle Castelli 10, para la sede del Consejo de la Magistratura, que carece de lugar propio". Y que el inmueble de calle Laprida "sea asignado al Poder Judicial, con destino a la Unidad Fiscal de Género de Paraná".
l escrito fue firmado por Allende; su abogado Leopoldo Lambruschini; la fiscal Laura Cattáneo; el fiscal Alvaro Piérola (que llevó adelante el caso Carboni); el fiscal Leandro Dato (que trabajó el expediente por el caso de la ministra Velázquez) y la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. La audiencia posterior con el juez de Garantías pertinente será solamente
