Las tensiones dentro del movimiento obrero continúan en aumento ante la próxima sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, prevista por el gobierno de Javier Milei para esta semana. Aunque la CGT convocó a un paro nacional en respuesta a los sectores más combativos, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Córdoba, Rubén Urbano, calificó a los dirigentes de la central como “bastante tibios” en su accionar.
Urbano explicó que su sector propone un “paro activo” que comenzará a las 10 de la mañana en cada ciudad de la provincia, con abandono de tareas y movilización. Además, informó que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumará desde las 0 horas, y quienes puedan viajar a Buenos Aires se movilizarán al Congreso para manifestar su rechazo al proyecto.
En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, Urbano enfatizó que “no sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales”. Subrayó que la reforma laboral no es un simple acuerdo salarial, sino “algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”.
El dirigente metalúrgico, integrante del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un espacio sindical claramente opositor al gobierno de Milei, sostuvo que la gestión actual descarga “el ajuste únicamente al empleado” y a los jubilados. “Con un gobierno como el que tenemos no se puede discutir y directamente aplica los ajustes; al no tener posibilidad de dialogar correctamente, no nos queda otra que el derecho de huelga que nos da la Constitución nacional”, afirmó.
Consultado sobre la actitud de la cúpula gremial, Urbano la definió como “bastante tibia” porque la huelga con movilización “evidentemente no tendría que haber salido de una organización o de un frente, sino de nuestra central obrera”.
Por su parte, Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Aceiteros y Desmontadores de Algodón (FTCIODyARA), confirmó que realizarán la medida de fuerza ante una reforma laboral que “perjudica a todos los trabajadores” y en la que “ninguno de los 213 puntos beneficia al trabajador”. Señaló que “si la CGT no hubiese hecho paro, nosotros lo hubiésemos hecho en los congresos nacionales”.
Aunque su sindicato es pequeño en cantidad de afiliados, Yofra resaltó el peso económico del sector aceitero y su impacto en la economía nacional: “Nosotros aportamos al 25% de los derechos de las exportaciones. Tenemos un poder económico muy grande”.
Este jueves se llevará a cabo el cuarto paro general convocado por la CGT contra el gobierno de Milei, y será la primera vez que se paralicen todas las actividades en todo el país por 24 horas, con la adhesión de los colectiveros de la UTA. La huelga coincide con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, por lo que se espera que tenga un alto impacto.
La decisión fue tomada en una reunión virtual del Consejo Directivo de la CGT, en un contexto de creciente conflictividad con el gobierno nacional. En particular, se busca visibilizar el rechazo al artículo 44 del proyecto, que limita el derecho de los trabajadores a percibir el 100% del salario en caso de enfermedad o accidente no laboral. La nueva redacción establece que en estas situaciones los empleados recibirán solo el 50% del salario, con posibilidad de aumentar al 75% si se demuestra que la causa no fue voluntaria ni conocida previamente.
Durante la reunión, también se resolvió que el triunvirato de la CGT asista a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde se iniciará el tratamiento del proyecto aprobado en el Senado. Aunque el Ejecutivo hizo concesiones para que los sindicatos continúen percibiendo las cuotas solidarias, el movimiento obrero se encamina a un nuevo paro porque lo conseguido en las negociaciones es considerado insuficiente por varios sectores gremiales.
Para esta semana, algunos dirigentes propusieron acompañar la huelga con una movilización al Congreso, iniciativa impulsada por Octavio Argüello (Camioneros) y respaldada por Osvaldo Lobato (UOM) y Sergio Palazzo (bancarios). Sin embargo, finalmente prevaleció la opción de una paralización total sin protestas callejeras, con el objetivo de aprovechar la adhesión del transporte para dar una señal de fuerza sindical.
