Después de más de quince años de intensos debates públicos, procesos judiciales y divisiones en la sociedad mendocina, el Senado de Mendoza aprobó la explotación de uno de los principales yacimientos de cobre en la provincia. La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino habilita la extracción del mineral en la zona de Uspallata, departamento de Las Heras. La votación finalizó con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención.
Esta decisión representa un cambio significativo en la política minera de Mendoza, eliminando barreras administrativas tras un exhaustivo proceso de evaluación que incluyó una audiencia pública de diez días y la recepción de más de 9.500 aportes ciudadanos. El proyecto, impulsado por la empresa PSJ Cobre Mendocino, prevé una inversión inicial de 559 millones de dólares, un plazo de construcción de entre 18 y 24 meses, y la generación de aproximadamente 3.900 empleos durante la etapa de construcción, además de 2.400 puestos de trabajo en la fase operativa, tanto directos como indirectos.
Con la autorización legislativa, el proyecto avanzará hacia la fase de factibilidad, que se extenderá por alrededor de un año y consistirá en transformar los estudios preliminares en un plan detallado de ejecución, ajustado a los estándares provinciales e internacionales del sector minero. Los promotores del emprendimiento destacaron el potencial de desarrollo regional que la actividad minera puede aportar. Según la empresa, el proyecto fue diseñado con un enfoque preventivo y sostenible, priorizando el uso responsable y eficiente del agua, con una recirculación superior al 80% del recurso, y sin emplear sustancias prohibidas por la legislación vigente.
La captación del agua se realizará exclusivamente desde el Arroyo El Tigre, cuyo cauce y caudal ecológico, según la compañía, no se verán afectados ni competirán con el consumo de las comunidades, la agricultura o los sectores urbanos. Además, el proyecto contempla la utilización de flotación mecánica con reactivos biodegradables y la aplicación de relaves espesados para optimizar la recuperación hídrica y minimizar la huella ambiental. Al finalizar la sesión legislativa, Fabián Gregorio, CEO de PSJ, declaró: “Esta decisión institucional nos permite dar un paso más en un proceso que ha sido largo, transparente y profundamente participativo. Ahora comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad, donde seguiremos construyendo el proyecto junto a la comunidad, las instituciones y los actores productivos. Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, diálogo permanente y la convicción de que el desarrollo debe ser compartido por todos”.
En contraste con el entusiasmo de las autoridades y cámaras empresarias, organizaciones sociales y referentes ambientales manifestaron su preocupación por los posibles impactos sobre los recursos hídricos y la estructura productiva local. Enrique Viale, abogado ambientalista, señaló en declaraciones a Infobae en Vivo que en Mendoza existe una sensibilidad histórica respecto a la protección del agua, recordando que “el 4% del territorio provincial es irrigable: el agua define la supervivencia y la producción”. Viale enfatizó que la experiencia reciente muestra un rechazo social hacia la minería y recordó que en 2019 una movilización masiva logró frenar un proyecto similar.
El abogado advirtió que el proyecto San Jorge avanza “pese a la ausencia de licencia social y a un antecedente cercano” y alertó que la existencia de múltiples iniciativas mineras buscando aval legislativo simultáneamente “reduce los beneficios para la provincia y favorece a las empresas”. Además, señaló el riesgo de instalar “megaminería en la cabecera del principal río provincial, el Mendoza”, y afirmó que “la gente lo rechaza y no se puede hablar de consenso social”.
Viale también cuestionó el argumento del desarrollo económico y social esgrimido por las empresas, señalando que en provincias mineras como Catamarca y San Juan los índices de pobreza y subdesarrollo permanecen elevados. Las organizaciones ambientalistas advierten que el avance del proyecto afectará el ecosistema regional, especialmente la reserva de agua de Uspallata, considerada esencial para la vida, la agricultura y la economía del oasis mendocino.
Según la información oficial, la empresa mantendrá una oficina comunitaria en Uspallata con atención abierta y canales permanentes de consulta e información para la población local. El sistema de monitoreo ambiental y social incluirá participación comunitaria y acceso público a los datos en todas las etapas del proceso. La vida útil del yacimiento se estima en 16 años, con posibilidad de extensión, y contempla un plan integral de cierre conforme a la normativa provincial y estándares internacionales del sector minero.
