El gobierno nacional emitió un decreto con el pretexto de combatir el "terrorismo internacional" y el crimen organizado, aunque este bordea los límites establecidos por la Ley de Seguridad Interior en cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. Se autorizó el despliegue de fuerzas militares en lugares que cualquier funcionario considere de "valor estratégico" para el Estado.
El decreto 1107/2024, publicado en el Boletín Oficial, establece que en caso de ataques o daños a infraestructuras de importancia vital para el Estado, las fuerzas policiales federales pueden solicitar ayuda a las Fuerzas Armadas o a las policías provinciales.
Esto implica que, ante la solicitud de Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, deberá brindar respaldo a esta demanda siempre que se vean comprometidos objetivos considerados de valor estratégico.
El Gobierno, a través de este decreto, otorga a estos dos ministros (y a todos los funcionarios del Ejecutivo) la facultad de definir qué se entiende por "objetivo de valor estratégico".
Aunque el término está incluido en la Ley de Defensa Nacional (23.554), no está claramente definido. El decreto establece que se considerará así a cualquier bien o instalación de vital importancia para el Estado, cuya destrucción pueda ocasionar graves perjuicios.
Además, deja en manos exclusivas del Poder Ejecutivo la calificación de "Objetivo de Valor Estratégico", brindando a los funcionarios la discrecionalidad para utilizar esta definición y solicitar presencia militar.
Esta medida representa un avance en la militarización de asuntos internos y forma parte de la estrategia de Bullrich y Petri para movilizar fuerzas militares en situaciones específicas.
El decreto también hace referencia a la amenaza del terrorismo internacional como uno de los principales problemas del siglo XXI, justificando así la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto interno.
En resumen, este decreto amplía las facultades del Ejecutivo para decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, lo que podría conducir a una militarización de distintos ámbitos como Vaca Muerta, aeropuertos o la Ciudad de Buenos Aires. Además, ha generado críticas por su vaguedad en la definición de "valor estratégico" y por otorgar poder discrecional al Gobierno en este aspecto.
