La reforma laboral volvió a situarse en el centro del debate político y social en Argentina. Sergio Eduardo Capozzi, abogado laboralista y diputado nacional, realizó un análisis detallado de los principales cambios que propone el proyecto que próximamente será tratado en el Senado. Entre los puntos más sensibles, el legislador advirtió sobre los riesgos que implica habilitar el pago total del salario en especies sin establecer límites claros, además de la necesidad de ordenar el sistema de vacaciones y aclarar el funcionamiento de la distribución flexible de horas laborales.
En relación con el pago en especies, Capozzi explicó que, aunque históricamente existió un tope del 20% para este tipo de remuneración, el nuevo proyecto no menciona porcentajes ni límites, lo que podría ampliar considerablemente ese margen. El especialista consideró que “es un retroceso, volveríamos a los tickets canasta, que se crearon en la década del 90 para facilitar a los trabajadores del microcentro que no tenían un comedor dentro de la empresa y después eso se transformó en una moneda de cambio; la gente tiene cierta cantidad de tickets canasta para usar en supermercados y los negociaban para cambiarlos por efectivo”. Esta modalidad, según Capozzi, podría afectar negativamente el poder adquisitivo y la libertad de los trabajadores para disponer de su salario.
Otro aspecto relevante de la reforma es la organización del tiempo de trabajo y las vacaciones. El proyecto habilita fraccionar el descanso anual en lapsos, señalando que lo ideal sería que estos períodos no sean menores a siete días. En cuanto a las horas extras, la reforma ratifica la vigencia tradicional de sus recargos, pero introduce flexibilidad en la distribución diaria. Capozzi detalló que “si un trabajador acuerda jornadas de 11 horas para no trabajar los viernes, ese esquema no genera horas extras salvo que se exceda lo pactado. Lo acumulado por recargos sigue integrando una ‘bolsa’ que el empleado puede usar luego como licencias o días compensatorios”. Esta medida busca adaptar la jornada laboral a las necesidades tanto del empleador como del empleado, aunque genera debate sobre posibles abusos.
En materia de derecho colectivo, la reforma propone un cambio significativo en la jerarquía normativa, otorgando prioridad al convenio por empresa, siempre con intervención sindical y respeto de los pisos mínimos establecidos. Además, incorpora la figura de los convenios regionales y busca incentivar a los gobiernos provinciales y municipales para facilitar la incorporación de trabajadores que actualmente están en relación de dependencia con entidades públicas al sector privado, un ámbito que no ha mostrado crecimiento en las últimas dos décadas. Capozzi explicó que esta medida pretende “dar un incentivo a los gobiernos provinciales y municipales para que se pueda trasladar el trabajador que hoy está en relación de dependencia con una municipalidad, que pueda incorporarse al trabajo privado”.
Uno de los puntos más debatidos es el fin de la ultraactividad automática de los convenios colectivos. Actualmente, muchos convenios vigentes datan de los años 70 y se prorrogan automáticamente. La reforma establece que, al cumplirse el plazo de cuatro años, la prórroga no será automática, sino que cualquiera de las partes podrá convocar a la negociación de un nuevo convenio. Si no se realiza esta convocatoria, la Secretaría de Trabajo intervendrá al año del vencimiento para definir los pasos a seguir. Esta medida otorga mayor protagonismo a la autoridad laboral, en particular a la Subsecretaría, que según Capozzi “necesita mayor dinamismo para responder a los desafíos actuales”. Sin embargo, el diputado señaló que “no lo hubiese presentado como una sola ley, sino que primero iría con el trabajo individual y después debatir qué hacer con el derecho colectivo”.
En cuanto a las indemnizaciones, el proyecto introduce cambios menores pero relevantes, redefiniendo qué rubros integran el salario y cuáles no. Se observa un retroceso en la eliminación de componentes como el proporcional del sueldo complementario y de las vacaciones, que hasta ahora eran considerados derechos adquiridos. Capozzi advirtió que no existe consenso pleno ni en el Congreso ni en el Consejo de Salarios, y que el proyecto tendrá un tratamiento inicial en el Senado. La comisión académica que participó en el proceso actuó como órgano técnico y no político, lo que indica que el debate legislativo aún está abierto y que podrían surgir modificaciones antes de su eventual aprobación.
